La Fiscalía de Puno acusa al legislador de haber cobrado S/. 3,048 del Estado por un trabajo que nunca hizo. ¡Señores, otra vez nuestros impuestos terminando en bolsillos ajenos!
¡Señores, señoras! Aquí está la jugada que nadie quiere que ustedes vean. El congresista por Puno Carlos Zeballos Madariaga está siendo investigado por la Fiscalía por un presunto caso de corrupción: habría cobrado al Estado por un servicio que nunca prestó. Sí, leyeron bien. Le pagaron por elaborar un expediente técnico que ya existía y por una obra cuya construcción ya había comenzado.
La fiscal de Puno, Ángela Catacora Aguirre, investigó la construcción de una obra de la Municipalidad Provincial de San Román, en Juliaca, y detectó una planilla donde aparece el nombre del congresista Zeballos cobrando honorarios por el expediente técnico del proyecto. ¿Y saben qué es lo peor? Cuatro meses antes de su contratación —cuando Zeballos ni siquiera era congresista— el expediente técnico ya estaba listo. Y según las fechas corroboradas por la fiscal, la construcción arrancó apenas un día después de la aprobación del estudio que él presentó.
«El imputado, con pleno conocimiento de que no realizó labor efectiva alguna, plasmó su firma y huella digital en las planillas de pago, validando así el desembolso irregular a su favor la suma de S/. 3,048», señala la fiscal Catacora en su imputación.
Los hechos ocurrieron en 2013, en una obra entregada por administración directa, es decir, sin licitación. Consultado por el caso, Zeballos negó todo: dijo desconocer que era investigado y aseguró que nunca elaboró ningún proyecto ni cobró monto alguno. «Yo nunca hice un proyecto para ninguna avenida Independencia en Juliaca. Ni he cobrado ningún monto por esa obra, ni tengo recibo alguno girado a mi nombre», explicó el legislador, agregando que en 2013 no trabajó en el sector público.
Pero la tesis fiscal no se queda solo en él. Otros cinco proyectistas —Saúl Cahuaya Ruelas, Carlos Hervas Vilca, Henver Huanacuni Jarecca, René Huanacuni Tarqui y Johon Larico Ajata— también habrían recibido pagos irregulares. La investigación apunta además a una presunta coordinación con funcionarios municipales, entre ellos el residente de obra José Capcha Muzzo, el responsable de fondos Adrián Flores Salcedo y el entonces subgerente de Recursos Humanos Alfredo Hallasi Quispe.
En total, la fiscal Catacora investiga a 39 personas por los presuntos delitos de colusión agravada y peculado doloso en agravio de la Municipalidad Provincial de San Román. Según el Ministerio Público, el pago a Zeballos siguió toda una cadena administrativa: el residente de obra elaboró los controles de asistencia, que luego fueron validados por Supervisión y Recursos Humanos antes de que Tesorería emitiera el comprobante. Y el cheque, según la fiscalía, lo cobraba un intermediario, Richard Quispe Ccori, encargado de repartir los fondos entre los supuestos beneficiarios.
La fiscalía ha citado a Carlos Zeballos en condición de investigado para que rinda su declaración este lunes 29 de junio. ¿Hasta cuándo, señores, vamos a permitir que quienes nos representan jueguen con la plata del pueblo?