El Gobierno desembolsa fondos para transportistas ante el alza de combustibles, incluyendo a sectores históricamente excluidos.
La Presidencia de la República, liderada por Keiko Fujimori, ha detonado un anuncio que promete agitar el tablero económico y social del país: un subsidio focalizado que oscilará entre el 15 y el 20% para el crucial sector del transporte. Esta medida, justificada por el incesante incremento de los precios de los combustibles, plantea inevitablemente la pregunta sobre su sostenibilidad y el origen de los recursos.
Por un lapso de tres meses, transportistas de carga y pasajeros en todo el territorio nacional se beneficiarán directamente con esta inyección económica. Sin embargo, la verdadera sorpresa y potencial punto de fricción reside en la ampliación de este beneficio.
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, no dudó en destacar la novedad de esta política, al confirmar la inclusión de sectores que, hasta ahora, habían permanecido al margen de este tipo de ayudas estatales. La medida, según Cuba, busca alcanzar una cobertura más amplia y equitativa.
“Vamos a ampliar esta respuesta de política a sectores que nunca lo han tenido, como son los mototaxistas en la selva y el transporte fluvial”, expresó el ministro Elmer Cuba.
La aplicación de este subsidio presenta un calendario diferenciado que podría generar algunas expectativas. Para el transporte urbano, la ayuda comenzará a regir el próximo 15 de agosto. No obstante, los beneficiarios de la selva —específicamente mototaxistas y el transporte fluvial— deberán esperar aproximadamente tres semanas adicionales. Este desfase, según el MEF, se debe a la necesidad de registrar a estos nuevos transportistas en una plataforma tecnológica habilitada para tal fin.
Mientras el Gobierno presenta esta medida como una respuesta necesaria ante la coyuntura económica, la magnitud del subsidio y su ampliación a sectores inéditos podrían generar serios cuestionamientos sobre la eficacia a largo plazo y la carga que esta decisión supone para el presupuesto nacional. Un desembolso millonario que, sin duda, provocará reacciones encontradas y un debate profundo sobre la gestión de los recursos públicos.