Vacancia de Castillo, uso de la fuerza y víctimas fatales: ¿Qué hay detrás de la exigencia parlamentaria?
La arena política peruana se calienta una vez más. Dos bancadas en el Congreso han encendido la alarma, exigiendo la creación de una comisión investigadora que, de conformarse, podría desenterrar verdades incómodas sobre uno de los periodos más convulsionados de la historia reciente del país: la caída de Pedro Castillo y las violentas protestas que le siguieron.
Desde la bancada de Juntos por el Perú (JPP) se ha lanzado una moción de orden del día para dar forma a una comisión que, según sus promotores, tiene como objetivo principal «esclarecer los hechos vinculados al 7 de diciembre de 2022 y las consecuencias posteriores». Esto incluye no solo el fallido autogolpe de Estado del exmandatario, sino también «las represalias y el lamentable saldo mortal de peruanos a manos del Estado», según lo vocalizado por el diputado Ernesto Zunini.
La indignación es palpable entre quienes impulsan esta iniciativa. La diputada Yenifer Paredes ha detallado los cinco puntos cruciales que la comisión buscaría dilucidar. Un interrogatorio que, de prosperar, pondría bajo lupa a diversas instituciones y figuras:
- ¿Qué llevó a la crisis del 7 de diciembre?
- ¿Cómo se produjo la vacancia y detención de Pedro Castillo?
- ¿Quién tomó las decisiones durante las protestas?
- ¿Cómo actuó la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FFAA)?
- ¿Qué ha pasado con las investigaciones y las detenciones?
La mira está puesta, explícitamente, en el accionar de la PNP y las FFAA, incluyendo la cadena de mando y el empleo de la fuerza. El reclamo de justicia es unánime desde los proponentes: «Hubo violaciones de derechos humanos, partiendo desde el injusto encarcelamiento de Castillo, el asesinato de compatriotas en Ayacucho, Juliaca y otros sectores del país, a su vez persecución contra diferentes sectores», se manifestó desde JPP, invocando a que la comisión «cumpla con su rol y los plazos» de manera rigurosa.
Pero JPP no está solo en esta cruzada. La bancada de Ahora Nación se ha sumado con una propuesta paralela, aunque con un alcance temporal mayor. Su moción busca una Comisión Investigadora para analizar las afectaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 17 de febrero de 2026, abarcando así los mandatos presidenciales de Dina Boluarte y José Jerí Oré. Este documento, presentado ante la Mesa Directiva, incluye los nombres de los peruanos que perdieron la vida en regiones como Apurímac, Arequipa, La Libertad, Ayacucho, Junín, Puno y Cusco.
Si ambas iniciativas o una de ellas logra luz verde, el Congreso tendría ante sí la tarea de enfrentar un capítulo doloroso y aún no resuelto de la política peruana, donde la exigencia de verdad y justicia para las víctimas resuena con fuerza.