El partido que perdió en las urnas ahora corre a la Fiscalía con acusaciones graves y cero evidencia. ¿Hasta cuándo el cuento del fraude sin sustento?
Señores, aquí no se calla nadie y se los decimos de frente: el personero legal alterno de Juntos por el Perú en Arequipa, Pablo Salas, presentó una denuncia penal contra medio Perú político por un supuesto «fraude» en la segunda vuelta. ¿Los denunciados? El presidente José María Balcázar, el canciller Carlos Pareja, el exjefe de la ONPE Piero Corvetto, el actual titular Bernardo Pachas, el presidente del JNE, Roberto Burneo, y hasta la candidata presidencial Keiko Fujimori.
¿Y las pruebas? Ninguna. Así de simple. La denuncia, presentada ante el despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, asegura que se habría producido un «fraude», pero no aporta un solo documento que lo respalde. Solo enumeran una lista de hechos que, según ellos, responderían a una «sofisticada operación ejecutada desde las más altas esferas del poder político y electoral» para «distorsionar, alterar y manipular los resultados». Palabras grandilocuentes, evidencia cero.
En su afán por sostener la narrativa, Juntos por el Perú intenta vincular un decreto supremo de 2025 —que actualizó las remuneraciones de los funcionarios del servicio diplomático— con su teoría del fraude. Sin prueba alguna, lo califican como un «acto indiciario de cooptación económica y compra de lealtad funcional» de las autoridades que debían custodiar el voto en el exterior. Repetimos: sin una sola prueba.
El documento también denuncia el «cese intempestivo de embajadores estratégicos» por parte de Balcázar y el canciller, lo que habría provocado —según ellos— un «vacío deliberado de fiscalización jerárquica». Pero aquí la realidad les revienta el argumento: esos embajadores, aunque sus nombramientos fueron dados por concluidos, siguen en sus cargos a la espera de la resolución que fije su último día de labores. El propio canciller indicó que sería el próximo gobierno el que decidiría si continúan o no.
Otro de sus «argumentos» apunta a la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) usada en primera vuelta. Acusan a Piero Corvetto de imponer el aplicativo pese a que supuestamente conocía «trece vulnerabilidades críticas» que permitirían clonar memorias USB. Según el partido, ese software habría inducido al «ausentismo masivo» de electores. ¿Adivinen qué? Tampoco presentaron pruebas para semejante conclusión.
La denuncia se mete además con una resolución jefatural de la ONPE que, dicen, «flexibilizó y relajó de manera ilegal los protocolos de control del escrutinio en el exterior». Curiosamente, ese mismo argumento ya lo usaron para intentar anular la votación en el extranjero, y el Pleno del JNE lo desbarató contundentemente. O sea: les dijeron que no, y vuelven con lo mismo.
Y para cerrar con broche de oro, Juntos por el Perú denuncia una supuesta «injerencia sin precedentes» de la Embajada de Estados Unidos, a cargo del embajador Bernie Navarro, a quien acusan de haber actuado «como un actor político directo» para favorecer un resultado. ¿Pruebas? Ninguna, otra vez.
Señores, la conclusión salta a la vista: cuando se pierde en las urnas y no se acepta el resultado, se inventa un fraude de papel para llenar titulares. Pero un escándalo se sostiene con evidencia, no con adjetivos. Y aquí, hasta el momento, no hay nada que demostrar.