Mientras el sicariato y la extorsión asfixian al país, el ministro José Zapata cierra la puerta a remover al jefe de la PNP y se escuda en la «institucionalidad» hasta octubre de 2027
Señores, señoras, mientras usted no sabe si va a volver vivo de trabajar, el Ministerio del Interior nos sale con que no piensa mover ni un dedo. El ministro del Interior, José Zapata, descartó de plano remover a Óscar Arriola de la comandancia de la Policía Nacional, y lo dijo sin pestañear: las decisiones no se tomarán por «presiones mediáticas» ni por lo que opine la ciudadanía harta de tanta sangre.
El titular del sector dejó clarísimo que la PNP, según él, no se dejará llevar por «cuestiones mediáticas». Traducción para el pueblo: el clamor de miles de peruanos que viven aterrorizados por la extorsión y el sicariato es, para el Mininter, apenas «ruido».
El contexto no podría ser más indignante. En medio de una crisis de inseguridad que tiene al país de rodillas, buena parte de la opinión pública responsabiliza directamente a la Policía Nacional. Y entre los más señalados está precisamente Arriola, a quien muchos consideran incapaz de liderar la lucha contra la criminalidad que hoy desangra las calles.
Sectores ligados a las fuerzas del orden han exigido su destitución y el nombramiento de un oficial que sí se atreva a enfrentar de verdad al crimen. ¿La respuesta del ministro? Un rotundo «no», envuelto en discursos sobre la institucionalidad.
«La institucionalidad es un factor importante (…) Si la institucionalidad me indica que el periodo es dos años, pues no se va a actuar en base a cuestiones mediáticas o situaciones como opiniones de determinadas personas», soltó Zapata, recordando que a Arriola le toca un periodo de dos años por ley.
Y por si quedaba alguna duda, remató: el tema ni siquiera se ha tocado dentro de la cartera. Arriola asumió la jefatura de la PNP en octubre de 2025, así que, según el plan del Gobierno, se queda cómodamente sentado en el cargo hasta octubre de 2027. Dos años más. Mientras tanto, el pueblo pone los muertos.
«No se ha tocado ese tema porque estamos preocupados de que la institucionalidad se cumpla (…) Su periodo aún tiene una parte importante por cumplir por lo que no se tendría que tocar el tema», añadió el ministro.
La pregunta cae sola, señores: ¿cuánta institucionalidad cabe en un país donde extorsionan al panadero, al transportista y al bodeguero de la esquina? Esta boca no la calla nadie.