La defensa del expresidente busca que el criterio del Tribunal Constitucional sobre el principio de legalidad beneficie también a los casos Gasoducto Sur Peruano y Club de la Construcción.
El abogado Juan Carlos Portugal, defensor del expresidente Ollanta Humala y de la exprimera dama Nadine Heredia, anunció que solicitará la extensión de los efectos de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) hacia los otros procesos penales que afrontan sus patrocinados. El pedido será debatido este lunes en una audiencia judicial, donde la defensa buscará que el criterio establecido por el TC respecto al principio de legalidad beneficie también a los demás acusados.
“Las defensas hemos solicitado la extensión de los efectos del caso Humala hacia todos los acusados, dentro de ellos mi cliente y Nadine Heredia, porque consideramos que el aspecto esencial, el núcleo de imputación que finalmente el Tribunal Constitucional ha reputado como violatorio al principio de legalidad, se extiende hacia todos”, sostuvo Portugal durante su participación en el podcast ‘Siempre a las ocho’ con Milagros Leiva.
“Hoy la sala no va a resolver. Se va a discutir en un debate entre la defensa, la Fiscalía y la Procuraduría si los efectos de esa sentencia se extienden a los demás acusados. Seguramente en la siguiente audiencia el tribunal resolverá”, indicó el penalista.
El abogado precisó que, aunque los procesos del Gasoducto Sur Peruano y Club de la Construcción no están vinculados a presuntos aportes de campaña, considera que el razonamiento jurídico desarrollado por el Tribunal Constitucional resulta aplicable. “Lo que estamos pidiendo es que los argumentos del Tribunal Constitucional en el caso de los aportes de campaña se extiendan a los otros casos. Debería ser así porque el razonamiento central que ha tenido el TC es el mismo”, afirmó.
Respecto al caso del Gasoducto Sur Peruano, Portugal sostuvo que las declaraciones brindadas por el exejecutivo de Odebrecht Jorge Barata ante las autoridades peruanas y brasileñas descartaron la existencia de pagos ilícitos o direccionamientos en la adjudicación del proyecto. “Barata expresó contundentemente que en el caso del Gasoducto Sur Peruano no hubo pagos ni sobornos. Incluso respondió una serie de preguntas en las que sostuvo que el proyecto se ganó con transparencia”, manifestó.
Asimismo, recordó que dicho caso no fue incorporado dentro del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht. “El caso del gasoducto no estuvo dentro del acuerdo con Odebrecht porque la empresa y Barata dijeron que en ese caso no había habido ningún pago ni soborno”, concluyó.
La audiencia de este lunes no resolverá de inmediato el pedido, sino que servirá para que las partes expongan sus posiciones antes de que el tribunal adopte una decisión en una sesión posterior. La decisión final podría sentar un precedente importante para los otros casos que enfrenta el exmandatario.