El parlamentario Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) salió en libertad este sábado tras cumplirse el plazo legal de detención en flagrancia, mientras el Ministerio Público recién inicia las investigaciones.
La tarde de este sábado, el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) abandonó la Comisaría PNP de San Miguel, en Lima, luego de permanecer 48 horas detenido por una denuncia de presunta agresión física y psicológica interpuesta por su expareja. La liberación se produjo por el vencimiento del plazo máximo de detención en flagrancia, una figura legal que, en la práctica, vuelve a dejar en la calle a un presunto agresor.
El hecho ha generado un profundo malestar en sectores de la sociedad que exigen una revisión urgente de los mecanismos legales que permiten que un congresista, denunciado por violencia de género, recupere su libertad sin mayores restricciones. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las diligencias preliminares para esclarecer los hechos denunciados.
“La ley es clara: la detención en flagrancia tiene un límite de 48 horas. Si no se formaliza la prisión preventiva o se dictan medidas alternativas, el detenido debe ser liberado”, señalaron fuentes judiciales consultadas por este medio.
Lo que indigna a la ciudadanía no es el cumplimiento de la norma, sino la falta de celeridad y contundencia en un caso que involucra a un representante del pueblo. ¿Acaso un diputado goza de privilegios procesales? ¿Por qué no se evalúan medidas de protección urgentes para la víctima?
La denuncia, presentada por la expareja del legislador, describe episodios de violencia física y psicológica que habrían ocurrido en el domicilio del parlamentario. La policía intervino y lo detuvo en el acto, pero la liberación a las 48 horas deja en evidencia las grietas del sistema judicial peruano cuando se trata de proteger a las víctimas.
Este caso se suma a una larga lista de políticos y funcionarios que, pese a ser denunciados por violencia de género, continúan en sus cargos y gozan de libertad mientras las investigaciones avanzan lentamente. La impunidad parece ser la regla, y la justicia, la excepción.
El Congreso de la República aún no se pronuncia sobre el caso. Mientras tanto, la expareja del diputado permanece en un estado de vulnerabilidad, sin medidas de protección efectivas y con el temor de que la situación se repita.
La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿hasta cuándo seguiremos tolerando que la ley favorezca a los poderosos? La sociedad exige respuestas y acciones concretas para que la violencia de género no quede impune, sin importar el cargo o el apellido del agresor.