La Procuraduría del JNE va con todo contra Jorge Ugarte Olivera tras la manifestación que sitiaron la vivienda del jefe del organismo electoral y clamaron por la intervención de las Fuerzas Armadas
Señores, esto no lo puede ver como algo normal. La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra Jorge Ugarte Olivera, conocido popularmente como «El Profe sobre ruedas», por el presunto delito de sedición. ¿El motivo? Convocó una manifestación masiva frente a la sede del JNE y, lo que es aún más grave, frente a la casa particular del presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, mientras llamaba abiertamente a un «golpe cívico militar» y pedía la intervención de las Fuerzas Armadas.
El JNE calificó los hechos como de «especial gravedad institucional, constitucional y electoral». Ugarte habría convocado, dirigido, orientado e incitado a un grupo de aproximadamente 500 personas para concentrarse tanto en las instalaciones del organismo como en el domicilio privado de Burneo. Señoras y señores, llegar hasta la casa de un funcionario con 500 personas para intimidarlo no es protesta, es otra cosa.
Como medios probatorios, la Procuraduría presentó un informe de la Oficina de Seguridad y Gestión de Riesgos Institucionales del JNE, un video difundido en TikTok y publicaciones realizadas en la red social X. Con esas pruebas en mano, las autoridades solicitan la declaración de Ugarte Olivera para que explique quién le proporcionó la dirección particular del presidente del JNE, cuál fue exactamente su rol en la manifestación, y qué quiso decir con sus referencias a ese famoso «golpe cívico militar».
Pero ahí no termina la investigación. También se exige identificar plenamente a una persona de sexo femenino que, de manera verbal, le habría entregado a Ugarte la dirección del domicilio de Burneo. Las autoridades quieren determinar su grado de participación, su vínculo con el denunciado y si conocía previamente esa dirección. Una cadena de responsabilidades que la justicia tiene que esclarecer.
Además, se dispuso la visualización, extracción y lacrado del contenido audiovisual de los videos de TikTok involucrados, y la transcripción integral de los segmentos donde se hacen referencias al golpe y donde se profieren expresiones agraviantes contra Burneo.
El 1 de mayo, el JNE emitió un comunicado rechazando categóricamente lo ocurrido frente al domicilio de su titular. «Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida que vulnera la institucionalidad democrática», señaló el organismo. Dejaron claro que si bien el derecho a la manifestación pacífica es válido, el comportamiento intimidatorio o amenazante no tiene amparo. «Cualquier acción que pretenda ejercer presión o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza», advirtieron.
¿Hasta dónde estamos dispuestos a tolerar que la intimidación reemplace al debate democrático? Esta boca no la calla nadie, pero tampoco callamos cuando alguien usa las masas para amedrentar a funcionarios en su propia casa.


