Rafael López Aliaga habría otorgado un plazo de 24 horas para anular las elecciones, advirtiendo con movilizaciones extremas si no se cumplen sus demandas.
La seguridad en el centro de Lima habría alcanzado niveles de alerta máxima. La Policía Nacional del Perú (PNP) habría dispuesto un blindaje total de la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante el riesgo inminente de disturbios. Esta medida se habría tomado tras las recientes declaraciones de Rafael López Aliaga, quien habría calificado el proceso electoral de abril de 2026 como un presunto «fraude masivo», exigiendo su anulación inmediata bajo advertencias de iniciar una «insurgencia civil».
El despliegue policial habría incluido el cierre de calles aledañas y la instalación de vallas de seguridad para impedir el acceso de manifestantes a la sede institucional. Rafael López Aliaga habría sido enfático al señalar que, si en un plazo de 24 horas no se ordena la repetición de los comicios, convocaría a una marcha multitudinaria en todo el país, asegurando que «tendrían que matarlo» antes de aceptar los resultados actuales. Además, el candidato de Renovación Popular habría arremetido contra los jefes de los organismos electorales, solicitando incluso la detención del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.
Por su parte, el JNE habría reforzado su seguridad interna para proteger a su presidente, Roberto Burneo, y a los trabajadores administrativos que estarían laborando bajo un clima de hostilidad. Mientras figuras políticas como Jorge Nieto habrían exhortado a Rafael López Aliaga a presentar pruebas reales antes de invocar medidas extremas, el país se mantiene en una tensa espera ante el cumplimiento del plazo fijado por el candidato.