La expresidenta y otras siete personas habrían generado una cuenta mancomunada para recaudar fondos de militantes y, presuntamente, pagar la reparación civil del prófugo Vladimir Cerrón. El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria.
¡Señoras y señores! La situación judicial de la expresidenta Dina Boluarte se complica una vez más. El Ministerio Público inició una investigación preparatoria en su contra y contra otras siete personas por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, hechos que se habrían cometido cuando integraba la fórmula presidencial del partido político Perú Libre.
La medida fue adoptada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho), a través de la disposición número 36, emitida el último 24 de abril, en la que se dispone la formalización y continuación de esta investigación preparatoria seguida contra la exmandataria y los demás implicados en el caso.
Una investigación que se extenderá por 36 meses
La instancia fiscal dispuso que dicha investigación preparatoria se lleve a cabo en un plazo de 36 meses, al amparo de la Ley Contra el Crimen Organizado — Ley N.° 30077. Esta disposición fiscal fue comunicada al despacho del juez Fernando Valdez, quien tendrá a su cargo el control de esta investigación preparatoria.
¿Qué se le imputa a Boluarte?
Según la disposición fiscal, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho) investiga a Boluarte por, presuntamente, haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre para recaudar fondos de los militantes de este partido, dinero que habría sido destinado a pagar una reparación civil que se impuso al prófugo líder de esta agrupación, Vladimir Cerrón, entre otros hechos.
Es decir, mientras los militantes de a pie ponían su dinero pensando en una causa política, ese dinero habría terminado, presuntamente, sirviendo para cubrir las cuentas pendientes con la justicia de quien hoy se encuentra fugado.
La expresidenta deberá responder ante la Fiscalía mientras el control judicial recae en el juez Valdez. La verdad, como siempre, terminará saliendo a la luz.