Fredy Russmelt Álvaro Tarazona y otros investigados afrontarán el próximo 5 de octubre una audiencia preliminar de control de acusación en el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huaraz.
El cerco judicial comienza a cerrarse sobre un grupo de exfuncionarios y servidores vinculados a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Áncash. El Poder Judicial fijó para el próximo 5 de octubre de 2026, a las 11:00 de la mañana, una audiencia preliminar de control de acusación con carácter inaplazable dentro del proceso en el que aparece como acusado el exdirector regional Fredy Russmelt Álvaro Tarazona.
La diligencia se desarrollará ante el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huaraz – Sede Central, dentro del expediente 01890-2025-0-0201-JR-PE-01, bajo la conducción del juez Pedro Miguel Flores Alberto.
En la resolución judicial de fecha 28 de agosto de 2026, el Ministerio Público aparece representado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huaraz, mientras que Álvaro Tarazona figura expresamente como imputado por el delito de rehusamiento del funcionario.
El agraviado consignado en la cabecera del expediente es Héctor Camilo Moreno Álvarez.
El 5 de octubre tendrán que responder ante el juez
La resolución no deja espacio para nuevas postergaciones: la audiencia ha sido declarada inaplazable.
Los sujetos procesales deberán conectarse mediante videoconferencia utilizando Google Meet y hacerlo quince minutos antes de la hora establecida, con la finalidad de cumplir con la conferencia previa de preparación.
La presencia del representante del Ministerio Público y de los abogados defensores será obligatoria.
El Poder Judicial también establece consecuencias frente a una eventual inasistencia injustificada. Para el representante fiscal, podría disponerse la remisión de copias al órgano de Control Interno del Ministerio Público. En el caso de abogados particulares, la resolución contempla la posibilidad de una multa de dos URP, su subrogación y el requerimiento al acusado para que designe un nuevo defensor dentro de las siguientes 24 horas.
Es decir, señores: el proceso ya tiene fecha, hora y advertencias concretas para quienes pretendan ausentarse.
Defensas ya movieron sus fichas antes de la audiencia
La resolución revela que los abogados de los acusados ya comenzaron a presentar sus estrategias de defensa.
En el caso de Fredy Russmelt Álvaro Tarazona, su defensa presentó un escrito mediante el cual absolvió la acusación fiscal y otro documento ofreciendo medios probatorios que deberán ser discutidos dentro del proceso.
Asimismo, la defensa ofreció como medio de prueba un recurso de apelación interpuesto por Héctor Casimiro Moreno Álvarez, elemento que fue puesto en conocimiento de los demás sujetos procesales.
La resolución menciona también actuaciones procesales correspondientes a las defensas de Lizeth Jara Enrique y Luis Américo Carranza Silva, quienes igualmente presentaron escritos frente a la acusación que deberán ser sustentados oralmente durante la audiencia.
Todo está servido para una diligencia en la que la Fiscalía y las defensas tendrán que exponer sus posiciones frente al juez.
Publicación vincula el caso con presuntas irregularidades contra transportistas
El caso comenzó a ganar fuerza pública luego de una publicación difundida en redes sociales que identificó a los investigados con el apelativo de “Los Chuquilandias” y los relacionó con presuntas actuaciones irregulares dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Áncash.
Según dicha publicación, los acusados habrían incurrido en presuntas conductas vinculadas con omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y abuso de autoridad, en perjuicio de transportistas del Callejón de Huaylas.
La denuncia pública sostiene además que las presuntas irregularidades estarían relacionadas con la tramitación de un procedimiento administrativo de sustitución vehicular promovido por la empresa Latino Express SRL.
De acuerdo con esa versión, determinados funcionarios y servidores habrían omitido, rehusado o retardado injustificadamente actuaciones que correspondían a sus funciones y habrían respaldado decisiones administrativas sustentadas en exigencias que presuntamente no estaban contempladas dentro del marco normativo aplicable.
Esas imputaciones deberán ser discutidas dentro del proceso judicial y contrastadas con los elementos presentados por el Ministerio Público y las defensas.
Una larga lista de señalados en el caso
La publicación que reveló el caso señala como involucrados a:
- César José Moreno Toledo
- Daniel Álvaro Diestra Vivar
- Fredy Russmelt Álvaro Tarazona
- Luis Américo Carranza Silva
- James Jhenson Raymundo Salinas
- Piter Arencio Ubaldo Támara
- Jim Tony Reyes Figueroa
- Crisanto López Arellán
- Nurith Licel Mejía Chino
- Adler Benites Lázaro
- Lizeth Jara Aguirre
Dentro de la documentación judicial mostrada también aparecen de manera expresa los nombres de Álvaro Tarazona, Luis Américo Carranza Silva y una persona identificada en el expediente como Lizeth Jara Enrique.
Será el desarrollo integral del expediente el que determine la situación procesal individual de cada uno de los señalados.
Fredy Álvaro Tarazona vuelve a quedar bajo la lupa
La presencia de Fredy Russmelt Álvaro Tarazona, quien ocupó la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Áncash, coloca nuevamente bajo la lupa el funcionamiento de una entidad que tiene enorme responsabilidad sobre el transporte regional.
No estamos hablando de cualquier oficina pública.
Estamos hablando de una dependencia cuyas decisiones administrativas pueden afectar directamente a empresas, transportistas, trabajadores y usuarios de todo Áncash.
Y cuando un procedimiento administrativo termina convertido en una acusación fiscal y posteriormente llega al despacho de un juez, las preguntas son inevitables:
¿Qué ocurrió dentro de Transportes?
¿Quién tomó las decisiones cuestionadas?
¿Se actuó conforme a ley o se utilizó el poder administrativo para perjudicar a determinados transportistas?
Eso tendrá que esclarecerse con pruebas.
Audiencia de control de acusación: el proceso entra a una etapa clave
El próximo 5 de octubre no será una fecha cualquiera para los acusados.
La audiencia de control de acusación permitirá al juez revisar los planteamientos de la Fiscalía, escuchar las observaciones de las defensas, evaluar los medios probatorios ofrecidos y resolver las controversias correspondientes antes de determinar la continuidad del proceso hacia una eventual etapa de juzgamiento.
Por ahora no existe sentencia.
Pero la causa tampoco está guardada en un escritorio.
Existe acusación, existen abogados presentando medios probatorios y existe una audiencia judicial fijada con carácter inaplazable.
La justicia tendrá ahora la responsabilidad de determinar si las imputaciones fiscales tienen el sustento necesario para que los acusados continúen enfrentando el proceso.
Transportistas esperan respuestas
Detrás de este expediente también existe un sector que durante años ha denunciado trabas, decisiones administrativas cuestionables y enfrentamientos con funcionarios dentro de organismos relacionados con el transporte.
La publicación que dio a conocer el caso presenta a Latino Express SRL y a transportistas del Callejón de Huaylas como afectados por decisiones que presuntamente habrían vulnerado sus derechos administrativos.
De comprobarse dichas imputaciones, no estaríamos únicamente ante simples retrasos burocráticos.
Estaríamos hablando de funcionarios públicos que habrían utilizado —o dejado de utilizar— las facultades que el Estado puso en sus manos, afectando presuntamente a ciudadanos y empresas que dependían de decisiones administrativas tomadas desde una oficina pública.
Eso es precisamente lo que tendrá que esclarecer la justicia.
Que respondan con documentos y ante el juez
Aquí no corresponde esconder nombres ni maquillar responsabilidades.
Las defensas tendrán derecho a responder, presentar pruebas y cuestionar la acusación fiscal. Pero del otro lado también existe un Ministerio Público que tendrá que demostrar por qué decidió llevar este caso hasta esta instancia.
El 5 de octubre, a las 11 de la mañana, todos tendrán la oportunidad de hablar.
Pero esta vez no será frente a una cámara ni mediante comunicados.
Será frente a un juez.
Y Áncash merece saber qué ocurrió realmente dentro de una institución pública que debía trabajar al servicio de los ciudadanos.
Señores, los cargos públicos no entregan impunidad. Entregan responsabilidad.
Y cuando esa responsabilidad termina siendo cuestionada ante la justicia, corresponde que cada involucrado responda.
Esta boca no la calla nadie.