El procurador del Jurado Nacional de Elecciones no se guardó nada y metió denuncia penal contra Piero Corvetto y toda su cúpula
Señores, señoras, esto ya no es un simple reclamo administrativo. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su procurador Ronald Angulo Zavaleta, presentó este lunes 13 de abril una denuncia penal de peso contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y un grupo de funcionarios que habrían sido responsables del desastre que vivimos el pasado 12 de abril en las urnas.
El documento quedó en el Quinto Despacho Fiscal y no se anda con medias tintas: se investigan presuntos delitos de abuso de autoridad, afectación al derecho de sufragio, omisión de funciones y obstrucción del desarrollo del proceso electoral. Todo esto en perjuicio del Estado y de millones de peruanos que vieron vulnerado su derecho constitucional a votar.
Pero aquí viene lo más grave, señores: según la denuncia, Corvetto habría sabido de antemano los problemas logísticos y tecnológicos que se avecinaban, pero no habría informado a tiempo al pleno del JNE. ¿Se dan cuenta de la magnitud? Habría dejado que todo explote sin que nadie pudiera actuar preventivamente. Eso no es negligencia, eso es abandono de funciones.
Y no cayó solo. La denuncia también salpica a Eduard Alarcón, gerente de Administración de la ONPE, y a Ricardo Saavedra, responsable de la organización electoral, por presuntas fallas en la supervisión logística y en la estabilidad del sistema que colapsó en plena jornada.
Pero hay más: José Samame, exgerente de Gestión Electoral, y Juan Alvarado, representante de la empresa de transporte del material electoral, también están en la mira. La compañía que debía mover el material no habría tenido ni los camiones ni el personal necesario para cumplir. Resultado: retrasos, caos, mesas que no se instalaron, gente que no pudo votar.
Esto, señores, es abandono sistemático. No es un error, es una cadena de irresponsabilidades que pusieron en jaque nuestra democracia. Y ahora el Ministerio Público tendrá que investigar si hubo dolo, negligencia o simplemente incompetencia criminal.
El pueblo merece respuestas. Y los responsables, que paguen.