El Poder Judicial condena a Maricsa Alfaro Cerna tras atropellar y matar a Juan Martínez Torres en la urbanización El Golf; la prueba de alcoholemia arrojó 1.84 g/l y su brevete estaba caducado desde 2022
El Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad condenó a Maricsa Polet Alfaro Cerna a cuatro años, seis meses y veintiséis días de cárcel efectiva por el delito de homicidio culposo en agravio de Juan Martínez Torres, vigilante de seguridad que murió cinco días después de ser atropellado por su camioneta Mercedes-Benz en la urbanización El Golf del distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo.
La noche del 3 de mayo, cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que Alfaro Cerna arrolló a Martínez Torres mientras este cumplía su turno de trabajo. La Policía Nacional confirmó en el lugar que la conductora registraba 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre —más del doble del límite legal— y que su licencia de conducir había vencido en 2022, tres años antes del atropello.
El vigilante fue trasladado de emergencia al Hospital Belén de Trujillo, donde ingresó con lesiones graves y permaneció en la unidad de cuidados intensivos (UCI). El 8 de mayo, cinco días después del impacto, Juan Martínez Torres murió a consecuencia de las heridas.
Ante ese desenlace, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad cambió la calificación del caso de lesiones culposas a homicidio culposo el 9 de mayo. El fiscal provincial Joan Balladares sustentó su acusación en videos de seguridad, informes médicos y el resultado del dosaje etílico, y solicitó cinco años y cuatro meses de prisión, además de una reparación civil de S/ 329.280 para los herederos e inhabilitación definitiva para obtener licencia de conducir.
El juez Néstor Sánchez Pagador impuso una pena menor a la solicitada por la Fiscalía —cuatro años, seis meses y veintiséis días— luego de que Alfaro Cerna se acogió a la conclusión anticipada del proceso y admitió su responsabilidad. La reparación civil fijada fue la misma que pidió el Ministerio Público: S/ 329.280 a favor de los deudos. El juzgado también dispuso la inhabilitación para obtener licencia de conducir como medida accesoria.
El caso no solo terminó con una condena. También dejó al descubierto una grave irregularidad en la actuación policial inicial: familiares del vigilante denunciaron que el primer registro policial consignó el hecho como una «caída de altura», en flagrante contradicción con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. La jefatura policial de La Libertad confirmó que los agentes involucrados fueron separados del cargo y sometidos a una investigación interna.
Una familia rota, un trabajador muerto por hacer su trabajo, y una conductora que manejó ebria y sin brevete vigente. Eso es lo que resume este caso.