Miles de peruanos sin votar y el jefe de la ONPE ahora en la mira: la justicia le pone el ojo encima
Señores y señoras, lo que muchos pedían a gritos finalmente ocurrió. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió meter las manos donde tiene que meterlas y abrió investigación preliminar contra Piero Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por el desastre electoral que vivimos el pasado 12 de abril.
¿Las razones? Miles de peruanos que NO pudieron ejercer su derecho al voto por la incapacidad, negligencia o lo que sea que haya pasado en la ONPE. Mesas que no se instalaron, material electoral que nunca llegó, y un caos que obligó a extender las elecciones hasta el lunes 13 de abril.
La decisión fue UNÁNIME en sesión de pleno extraordinario. Ni uno solo de los miembros de la JNJ se opuso. Y no es para menos, porque las denuncias ciudadanas llovieron por todos lados después de semejante papelón.
EL PROCESO DE RATIFICACIÓN TAMBIÉN BAJO LA LUPA
Pero la cosa no queda ahí. La JNJ también acordó pedirle a su Dirección de Evaluación y Ratificación un informe detallado sobre cómo Corvetto llegó a ese cargo. Sí, señores, van a revisar todo el proceso de ratificación que se hizo en julio de 2024.
«Dicho informe permitiría contar con mayores elementos de análisis en el ejercicio de las competencias constitucionales de la JNJ», indicó el organismo. Traducción: van a ver si este señor realmente debería estar donde está.
«FALLO LOGÍSTICO PUNTUAL» QUE AFECTÓ A MILES DE PERSONAS
Corvetto salió con sus disculpas públicas y llamó a todo este desastre un «fallo logístico puntual». ¿Puntual? Miles de peruanos dirían que fue TODO menos puntual.
El titular de la ONPE prometió que se iniciarían «actos administrativos pertinentes» para que los electores y miembros de mesa afectados no reciban sanciones. Qué generoso, ¿no? Que no castiguen a las víctimas de su propia incompetencia.
LA CRISIS ELECTORAL QUE NADIE OLVIDA
Lo que pasó en Lima fue INACEPTABLE. Ciudadanos haciendo colas interminables, mesas que nunca se instalaron, material electoral desaparecido, y un sistema que colapsó cuando más se necesitaba.
La JNJ dejó claro que estas acciones «se realizan en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, garantizando el debido proceso y el respeto de los derechos de las personas involucradas».
Además, la institución reafirmó su «respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú, al Estado de derecho y al orden democrático, pilares fundamentales para la estabilidad institucional y la confianza ciudadana».