PolíticaEl Poder Judicial les pone correa a los fiscales de la red Benavides — pero les deja las puertas abiertas

Tres fiscales promovidos por Patricia Benavides reciben comparecencia con restricciones mientras el pedido de suspensión fue abandonado en plena audiencia por la propia fiscalía

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impuso comparecencia con restricciones a los fiscales Miguel Ángel Vegas Vaccaro, Doris Gloria Beltrán Espinoza y Álvaro Abilio Castañeda Rojas, todos ellos implicados en la presunta red criminal organizada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Los tres fueron promovidos a fiscales adjuntos supremos provisionales durante la gestión de Benavides.

La medida se dictó luego de declararse fundado en parte el requerimiento presentado originalmente por Delia Espinoza, cuando estuvo a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Sin embargo, en plena audiencia, el nuevo despacho supremo a cargo de la investigación —el de la fiscal Lourdes Bernardita Téllez Pérez— desistió del pedido de suspensión preventiva por 36 meses que Espinoza había solicitado inicialmente. Una decisión que, para muchos, suena a retroceso.

El juzgado también rechazó el impedimento de salida del país y la imposición de una caución económica. Lo único que les impuso fueron reglas de conducta: no ausentarse de su localidad sin autorización judicial, presentarse a control biométrico cada 30 días ante el Poder Judicial, y comparecer ante la autoridad judicial o fiscal cuando sea requerido. Si incumplen, la comparecencia podría ser revocada y reemplazada por prisión preventiva.

¿Pero qué se les investiga exactamente? A Álvaro Abilio Castañeda Rojas se le atribuye haber elaborado una denuncia por prevaricato y abuso de autoridad contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional de Lima —los mismos que emitieron una medida cautelar a favor de la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ)— actuando bajo los intereses de Patricia Benavides y usando recursos del Ministerio Público para fines ajenos a su función.

A Miguel Ángel Vegas Vaccaro —recientemente ratificado por la JNJ, dato que no es menor— se le investiga como presunto autor de cohecho pasivo específico por haber aceptado la promesa de ser mantenido en su cargo a cambio de emitir de manera inusualmente célere la disposición de inicio de investigación preliminar contra esos mismos jueces.

A Doris Gloria Beltrán Espinoza se le imputa cohecho pasivo propio y complicidad primaria en cohecho pasivo específico: habría aceptado permanecer en su cargo a cambio de recibir, gestionar con celeridad y coordinar la elaboración inmediata de la denuncia contra los jueces constitucionales que protegían a la JNJ.

En otras palabras, señores: tres fiscales que habrían utilizado el aparato del Ministerio Público para perseguir a quienes se atrevieron a frenar a Patricia Benavides, y la respuesta del sistema es… que firmen cada mes y no se vayan de viaje. Mientras tanto, uno de ellos ya fue ratificado en su cargo. ¿Alguien puede explicarle eso al país?