La defensa del expresidente Ollanta Humala presentó un escrito ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones para que se ejecute sin más demoras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló todo el proceso por lavado de activos. El pedido incluye dejar sin efecto la condena de 15 años y borrar todos los registros policiales y judiciales.
Mientras el reloj avanza y los días de reclusión se acumulan, la defensa de Ollanta Humala ha decidido poner los puntos sobre las íes. En un escrito dirigido a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia, los abogados Wilfredo Pedraza y Edinson Huamán exigen que se acate de inmediato el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el hábeas corpus y ordenó la nulidad de todo el proceso seguido contra el exmandatario por el presunto lavado de activos vinculado a los aportes de Odebrecht en las campañas de 2006 y 2011.
El fallo del TC, que ya es cosa juzgada, no solo anula la condena de 15 años de prisión impuesta en abril de 2025, sino que deja sin efecto todas las investigaciones preliminares y las actuaciones derivadas de ellas. Sin embargo, la liberación de Humala, recluido en el penal de Barbadillo, sigue sin concretarse. La defensa, con razón, no está dispuesta a tolerar más dilaciones.
Cuatro resoluciones que deben caerse
El escrito de la defensa es contundente: solicita la nulidad de cuatro resoluciones clave que sostienen el proceso contra Humala. La primera, del 16 de abril de 2026, que programó una audiencia de apelación para el 30 de abril, una fecha que ya ni siquiera tiene sentido. La segunda, la sentencia condenatoria del 29 de abril de 2025, que lo sentenció a 15 años de cárcel. La tercera, el auto de citación a juicio del 7 de enero de 2022, que lo llevó a juicio oral en febrero de ese año. Y la cuarta, el auto de enjuiciamiento del 17 de noviembre de 2021.
Los abogados sostienen que, según el artículo 27 del Código Procesal Constitucional, las sentencias de los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de cualquier otro órgano jurisdiccional y deben cumplirse en sus propios términos, adoptando las medidas necesarias para restituir los derechos vulnerados. Además, invocan el artículo 139 de la Constitución, que prohíbe a toda autoridad dejar sin efecto resoluciones con autoridad de cosa juzgada o retardar su ejecución. En otras palabras, no hay excusa para no liberarlo ya.
“Ejecutar la sentencia del TC no requiere audiencia, actuación probatoria, ni traslado previo a las demás partes”, remarcan los abogados en su escrito, dejando claro que cualquier demora es una vulneración deliberada de los derechos de Humala.
Borrar todo rastro: antecedentes y registros
La defensa no se limita a pedir la libertad. Exige que se anulen los antecedentes penales, judiciales y policiales generados a partir de este proceso, así como todas las anotaciones en plataformas digitales de la Policía Nacional del Perú, como el SIDPOL y el SIRDIC. También piden la anulación de cualquier registro en el Ministerio Público. Es decir, se busca dejar a Humala como si nunca hubiera sido procesado, una reparación integral ante lo que el TC ya consideró una vulneración de derechos.
Mientras tanto, desde Brasil, el abogado de Nadine Heredia, Leonardo Massud, saludó la decisión del TC, aunque con un dejo de amargura: “Este fallo ha salido con mucho retraso. El reconocimiento de que los aportes de campaña no eran delito, que los investigados no podían saber del origen ilícito… Este fallo por fin trae justicia. La señora Nadine ha quedado muy feliz, aunque con tanto retraso y daño que han hecho a ella y a su familia”.
La pregunta que queda flotando es: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar Ollanta Humala para recuperar su libertad? El TC ya habló, la ley es clara y la defensa ha hecho su trabajo. Ahora, la pelota está en el tejado del Poder Judicial, que debe decidir si cumple con la Constitución o si prefiere seguir arrastrando un caso que ya no tiene sustento legal.