El Ministerio de Salud oficializó la designación de Juan Carlos Gonzáles Hidalgo, esposo de una sobrina del líder de APP, pese a sus antecedentes judiciales por presunta corrupción.
El Ministerio de Salud (Minsa) ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta. A través de una resolución ministerial publicada el 30 de julio y firmada por el flamante ministro Luis Dyer, se oficializó el nombramiento de Juan Carlos Gonzáles Hidalgo como nuevo secretario general de la institución. Un cargo de alta responsabilidad que, sin embargo, llega envuelto en un manto de sospechas y nepotismo.
¿El detalle que enciende las alarmas? El parentesco directo del funcionario con el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. Gonzáles Hidalgo está casado con Carol Andrea Acuña Palomino, hija de Grimaldo Acuña Peralta, hermano del controvertido político. Un vínculo que, en un país que clama por meritocracia y transparencia, no puede pasarse por alto.
“La designación de un familiar político del líder de APP en un puesto clave del sector Salud no solo es un acto de evidente nepotismo, sino una bofetada a la ciudadanía que exige funcionarios idóneos y sin antecedentes”, señalaron expertos en gestión pública consultados por este medio.
Pero el historial de Gonzáles Hidalgo no se limita a su parentesco. El flamante secretario general acumula un preocupante prontuario. La Fiscalía lo investiga por el presunto delito de colusión agravada cuando se desempeñaba como presidente de la Comisión de Licitación de Obras de la Municipalidad Provincial de Tumbes. Según las pesquisas fiscales, se habrían fraguado graves irregularidades para favorecer a la empresaria Esther Veliz Alcántara, otorgándole la buena pro de contratos que superaban los 683 mil soles para la compra de utensilios de cocina del programa Vaso de Leche. Por estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado formalmente nueve años de prisión en su contra.
Ante las contundentes acusaciones, el funcionario ha optado por una defensa endeble: negar su participación activa y señalar que la Fiscalía debió considerar el delito de suplantación de identidad en el que habría incurrido la tía de la entonces alcaldesa Isabel Maryuri Jiménez, Carmen Jiménez. Una versión que, hasta el momento, no ha presentado sustento alguno ante la justicia.
Este nombramiento no es un caso aislado. Gonzáles Hidalgo ya había ocupado cargos de confianza en el Estado: fue secretario general de la Defensoría del Pueblo durante la cuestionada gestión de Josué Gutiérrez, desde agosto de 2023 hasta enero de 2025, y viceministro de Políticas Agrarias en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, aunque apenas duró tres meses en el cargo.
La designación en el Minsa, en un momento en que el sector salud está colapsado y la confianza ciudadana está por los suelos, no hace más que reafirmar que la política peruana sigue siendo un coto de caza para los allegados al poder. ¿Acaso no hay profesionales capaces y sin antecedentes para ocupar estos cargos? La respuesta parece obvia.
La ciudadanía merece explicaciones. El ministro Luis Dyer debería dar la cara y justificar, con argumentos sólidos, por qué ha decidido confiar un puesto clave a un investigado por corrupción y con un claro conflicto de interés. Mientras tanto, seguiremos atentos a los próximos capítulos de esta historia que, lamentablemente, ya la conocemos de memoria.