El propio Ministerio Público pidió al Poder Judicial archivar el proceso penal contra la exfiscal de la Nación, desmontando pieza a pieza la acusación constitucional aprobada por el Parlamento
Señores, esto es lo que pasa cuando el Congreso usa la acusación constitucional como arma política: termina en vergüenza. La Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a través del fiscal adjunto supremo Eduardo Atencio Ramos, reconoció ante el juez Juan Carlos Checkley que la acusación del Parlamento contra Delia Espinoza no tiene sustento y respaldó que el Poder Judicial archive el proceso penal por completo.
Los cargos imputados contra la exfiscal de la Nación son cuatro: prevaricato, abuso de autoridad, falsedad genérica y usurpación de funciones. Todo, supuestamente, por la emisión del Reglamento de «Actuación Fiscal en la Investigación del Delito». El único problema: Espinoza no lo elaboró, no lo respaldó y no lo firmó. Fue el entonces fiscal de la Nación Juan Carlos Villena quien suscribió ese documento.
El fiscal Atencio Ramos fue contundente durante la audiencia de excepción de improcedencia de acción. Primero, aclaró que este proceso no nació de una investigación fiscal sino de la resolución legislativa 007-2025-2026-CR, es decir, fue el Congreso quien forzó la persecución penal. Segundo, señaló que un reglamento es una facultad propia del fiscal de la Nación, no un acto abusivo. Tercero, indicó que dicho reglamento sigue vigente y es aplicado por fiscales en la actualidad, lo que descarta el prevaricato. Cuarto, respecto a la supuesta falsedad en el documento, el fiscal precisó que el Congreso nunca especificó qué párrafo contendría información falsa — porque sencillamente no la hay.
Sobre la acusación de que Espinoza habría instigado la «usurpación» de funciones policiales, el Ministerio Público respondió que la investigación del Ministerio Público junto con la Policía Nacional «se ha desarrollado y se sigue desarrollando en un ámbito de permanente coordinación». Nada que ver con usurpación.
Cuando el juez Checkley preguntó directamente si el Ministerio Público estaba de acuerdo con archivar el proceso, el fiscal respondió: «En efecto». No hubo vuelta atrás.
La Procuraduría General del Estado tomó una posición intermedia: considera que la excepción debe proceder para los delitos de prevaricato y falsedad genérica, pero se opone respecto a usurpación de funciones y abuso de autoridad. El juez Checkley resolverá en los próximos días.
El abogado de Espinoza, David Lértora Seminario, fue el primero en plantear la excepción argumentando lo evidente: no se le puede atribuir responsabilidad penal por un reglamento que nunca firmó. La Fiscalía no solo no lo contradijo — lo respaldó punto por punto.
Lo que queda claro para todos, señoras y señores, es que el Congreso inhabilitó y persiguió penalmente a una funcionaria por un acto que ella no cometió. Y ahora el propio sistema de justicia lo está diciendo en voz alta.