La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cerró la investigación contra la exfiscal de la Nación pese a 110 elementos de convicción. Al hoy presidente interino lo protege el sillón: suspenden su caso hasta que deje el cargo.
¡Señores! Una vez más el Congreso de la República le tiende la mano a Patricia Benavides. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia contra la exfiscal de la Nación por el presunto intercambio de favores con el hoy presidente interino José María Balcázar, cuando este todavía era congresista en 2023.
La denuncia constitucional, presentada por Delia Espinoza, sostiene que Benavides habría prometido apoyo a Balcázar en su proceso penal por apropiación ilícita a cambio de que este votara a su favor en diversos informes de calificación de denuncias en su contra. A la par, Balcázar habría solicitado a Benavides la designación de su nuera, Scarlett Gálvez Campos, como fiscal provisional.
¿Y cómo se justifica el archivamiento? El informe de calificación asegura que la denuncia por patrocinio ilegal debe declararse improcedente porque Tomás Gálvez no autorizó la acción penal contra el fiscal Elmer Ríos, quien habría sido enviado a Chiclayo para presionar a la fiscal superior que entonces tenía la carpeta fiscal de Balcázar. “Al no existir el delito base, no puede sostenerse válidamente la imputación de instigación”, dice el documento.
Sobre el presunto cohecho por la designación de la nuera del presidente, también lo archivan amparándose en una disposición de la Fiscalía de la Nación, donde se calificó ese nombramiento como una “conducta jurídicamente neutra”. ¿Neutra? Esto pese a que el propio Balcázar reconoció que entregó un USB a Jaime Villanueva con el CV de su nuera.
Y aquí viene lo más grave. El informe de calificación afirma que “el único medio de prueba que sustenta el presunto acuerdo ilícito” entre Benavides y Balcázar son las declaraciones del exasesor Jaime Villanueva. Sin embargo, según revisó Infobae, esto sería abiertamente falso: la denuncia constitucional contiene 110 elementos de convicción, entre testimonios, chats de WhatsApp, registros de visitas al Congreso, votaciones en la Subcomisión y resoluciones de la Fiscalía.
Incluso figura la declaración de la propia fiscal superior que estuvo a cargo de la carpeta de Balcázar. La magistrada habría confirmado que Jaime Villanueva y Elmer Ríos la contactaron con el objetivo de influenciar en la decisión que debía tomar en el caso del hoy presidente interino.
La Subcomisión únicamente archivó la denuncia contra Patricia Benavides. Con Balcázar la historia es distinta: dispuso suspender el trámite hasta que deje el cargo, amparándose en el artículo 117 de la Constitución, que impide acusar al jefe de Estado en funciones salvo por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso fuera de los casos previstos e impedir el funcionamiento de los organismos electorales. El informe invocó además la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Dina Boluarte.
Es decir, señoras y señores: a ella la blindan y a él lo protege el sillón presidencial. ¿Hasta cuándo el poder se va a seguir cuidando entre sí?