Manipularon el presupuesto para apropiarse de retenciones destinadas a la ONP, EsSalud y AFP: la Fiscalía ya tiene sentencia contra la red que operó por más de un año
Señores, mientras los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santa esperaban que sus aportes llegaran a la ONP, a EsSalud y a sus AFP, tres exfuncionarios los desviaban a sus propios bolsillos. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa (Tercer Despacho) logró condenar a los responsables por peculado doloso agravado, tras acreditar que se apropiaron sistemáticamente de S/ 308 413.71.
La sentencia impuso ocho años de pena privativa de la libertad efectiva —suspendida provisionalmente hasta que quede firme— y cinco años de inhabilitación para el exgerente de Planeamiento, Presupuesto e Informática, Sebastián Obregón, y para el exasistente de esa área, Víctor Ávila. La exjefa de la oficina de Contabilidad, Danai Franco, fue sentenciada a ocho meses de prisión suspendida, 20 jornadas de servicios comunitarios e inhabilitación por el mismo periodo, como autora de peculado culposo.
El fiscal provincial Alejandro Martin Galloso Asencio acreditó en el juicio oral que los hechos ocurrieron entre septiembre de 2020 y febrero de 2022. En ese periodo, los implicados manipularon las fases de ejecución del gasto para generar excedentes económicos artificiales y se apropiaron de montos destinados al pago de obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la comuna.
El esquema era tan simple como descarado: ampliaban de forma fraudulenta las certificaciones presupuestarias por montos muy superiores a las deudas reales que la municipalidad mantenía con entidades de previsión y salud como la ONP, EsSalud, las AFP y una entidad financiera. Los excedentes generados se direccionaban de manera irregular hacia las cuentas personales del entonces tesorero y de terceras personas ajenas a la institución, para luego ser retirados en efectivo y repartidos entre los miembros de la red. Así, las retenciones de los trabajadores nunca llegaron a su destino final.
La acusación fiscal se sustentó en un Informe de Control Específico de la Contraloría, que detalló técnicamente la trazabilidad del dinero desviado. Fue determinante el testimonio de un colaborador eficaz que narró la dinámica del reparto del efectivo, complementado con transferencias bancarias y conversaciones de WhatsApp que corroboraron los acuerdos ilícitos y el incremento patrimonial de los acusados.