El expresidente del Consejo de Ministros intentó infiltrar el Equipo Especial Lava Jato para sabotear las investigaciones en su contra por coimas de Odebrecht
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial no tuvo piedad: César Villanueva fue condenado a cuatro años de prisión efectiva como instigador del delito de tráfico de influencias agravado. El exjefe del Gabinete Ministerial cayó por realizar gestiones indebidas para interferir directamente en las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato.
Los hechos se remontan a 2019, cuando Villanueva buscó acceder de manera irregular a altos funcionarios del Ministerio Público con un objetivo claro: obtener información privilegiada y torpedear las pesquisas que lo vinculaban con presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
La maniobra para infiltrar al fiscal del caso
El Poder Judicial determinó que la estrategia apuntaba directamente al despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, encargado de investigar las presuntas coimas relacionadas con la adjudicación de la carretera San José de Sisa, obra ejecutada durante la gestión de Villanueva como gobernador regional de San Martín entre 2007 y 2013.
Según la resolución judicial, las acciones tenían como fin obstaculizar el avance de la investigación penal y favorecer la situación procesal del expremier mediante contactos irregulares dentro del Ministerio Público. Es decir, señores, Villanueva no solo habría recibido coimas, sino que además montó toda una operación para que no lo descubrieran.
Exfiscales corruptos también cayeron
La sentencia no solo alcanzó a Villanueva. La red que intentó sabotear la justicia fue desmantelada:
- Alberto Rossel Alvarado, exfiscal superior: condenado a seis años de prisión, la pena más alta del grupo.
- Ronald Chafloque Chávez, exfiscal provincial: condenado a cuatro años de prisión.
- José Santisteban Zurita, empresario: sentenciado a tres años de prisión.
Inhabilitación y ejecución pendiente
Además de la cárcel, la Corte Suprema le impuso a Villanueva cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo o función pública. Sin embargo, el tribunal precisó que el ingreso al penal solo se ejecutará cuando la sentencia quede firme, es decir, cuando sea confirmada por la instancia superior.
Los magistrados señalaron que los cuatro años corresponden al mínimo previsto por el Código Penal para este delito, considerando la ausencia de antecedentes penales, su arraigo familiar y laboral, y su sometimiento al proceso.
Defensa anuncia apelación
El Ministerio Público y la Procuraduría Pública expresaron su conformidad con la decisión. En cambio, la defensa de Villanueva y los demás sentenciados anunció que presentará recursos de apelación. El pueblo peruano espera que la justicia no retroceda.