El partido evaluaría medidas internas contra el parlamentario cusqueño detenido por presunta agresión a una mujer, pero condicionó todo a la investigación fiscal. ¿Voluntad real o pura fachada?
Señores, señoras: aquí la pregunta que importa no es solo qué hizo el diputado, sino qué va a hacer su partido con él. Juntos por el Perú anunció que evaluará la adopción de sanciones internas contra su propio diputado, Julián Pérez Mallqui, tras su detención por una presunta agresión física contra una mujer. Y esa palabrita —»evaluará»— es la que debe encender todas las alarmas.
Porque en su comunicado oficial, la bancada precisó que cualquier medida dependerá de los resultados de la investigación fiscal y del respeto al debido proceso. Traducción, señores: nada de acciones inmediatas. El grupo parlamentario prefiere esperar, mirar cómo evoluciona el caso y recién ahí decidir si mueve un dedo contra uno de los suyos. ¿Le suena a firmeza o a ganar tiempo?
En el papel, el pronunciamiento suena impecable. La bancada rechaza «toda forma de violencia» y remarca su compromiso con el debido proceso. Añade que seguirá de cerca las diligencias y que, dentro de sus competencias, definirá las medidas que correspondan conforme a sus normas internas. Muy bonito. Pero las palabras se las lleva el viento cuando el detenido sigue siendo diputado en funciones.
Y el peso de la decisión no es menor. El parlamentario que Juntos por el Perú tendría que sancionar no sería precisamente un hombre de expediente limpio: Pérez Mallqui arrastraría sentencias por lesiones culposas, violencia familiar y falsa declaración en procedimiento administrativo, que en conjunto sumarían cerca de ocho años de pena privativa de libertad, aunque no todas de cumplimiento efectivo. Con semejante prontuario sobre la mesa, la pregunta se cae de madura: ¿qué más necesita esta bancada para actuar con contundencia?
La denuncia, además, tiene un ingrediente que agrava el cuadro que deberá evaluar el partido: la mujer que lo denunció, identificada como Laura Bonilla Valerio, habría ejercido como su abogada en uno de sus procesos judiciales anteriores. El diputado permanece en la comisaría de San Miguel desde la mañana de este jueves. Ahora la pelota está en la cancha de Juntos por el Perú. Y todo el país estaría mirando si sanciona o si encubre.