El Parlamento y el organismo que debe fiscalizar el gasto público desembolsaron S/567,324 en televisión por cable con 479 puntos instalados en 10 edificios. La justificación: mantenerse «informados sobre la coyuntura»
¡Señores! Mientras las entidades electorales advierten un déficit presupuestario que perjudicaría directamente las Elecciones Regionales y Municipales, el Congreso de la República y la Contraloría General decidieron gastar más de medio millón de soles en un servicio de televisión por cable para no perderse el Mundial de fútbol.
Según reveló Leonardo Lazón, periodista de El Foco, ambas instituciones contrataron a la empresa DirecTV por un monto total que alcanza los S/567,324. El Parlamento firmó su parte por S/310,392.00, mientras que la Contraloría —el organismo que precisamente debería vigilar cómo se gasta nuestra plata— hizo exactamente lo mismo mediante concurso público y entregó el servicio a la misma empresa por S/256,932.00 para abastecer sus oficinas, gerencias y subgerencias.
¿Y saben qué es lo peor? Esto no se trata de unas cuantas televisiones en un par de oficinas. Los documentos oficiales revelan que el alcance de este beneficio es sustancialmente mayor de lo que se pensaba. De acuerdo con los Términos de Referencia (TDR) del propio Congreso, el plan contempla el cableado masivo de hasta 479 puntos de televisión distribuidos estratégicamente en 10 edificios distintos del Cercado de Lima.
El Edificio José Faustino Sánchez Carrión encabeza la lista con 96 puntos de televisión asignados, seguido por el Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, con 65 puntos instalados. Además, se programaron 64 puntos de conexión para el Edificio Hospicio Ruiz Dávila y 56 puntos para el Edificio Complejo Legislativo. El resto de las señales se distribuyó en otras seis sedes para el uso diario de los parlamentarios y su personal.
Para sustentar semejante gasto, el Congreso argumentó la necesidad de «mantener un flujo permanente de información, a través de diferentes medios de televisión por cable que provean de señales privadas y/o abiertas de índole noticioso tanto locales como internacionales». En el documento también se añade que el servicio es indispensable para la «difusión de las diferentes actividades que se realizan dentro de la institución para conocimiento de la ciudadanía», lo que obliga legalmente al proveedor a incluir de forma mandatoria y sin excepciones el canal Congreso TV dentro de la parrilla contratada.
Pero la cosa no queda ahí. El Congreso contrató el servicio por un plazo de «setecientos treinta días calendario», es decir, dos años completos de un servicio que deberá operar de manera «ininterrumpida las 24 horas del día». Y lejos de conformarse con un paquete básico, el Parlamento exigió a las empresas postulantes garantizar una grilla de canales especializada que incluya contenidos de corte «político, económico, social, tecnológico, de investigación y cultural».
Señores, mientras los organismos electorales no tienen presupuesto para garantizar unas elecciones limpias, nuestros representantes se aseguraron dos años de televisión de lujo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto?