Luis Jiménez descartó que se esté evaluando la liberación de Pedro Castillo y aseguró que los pedidos anteriores fueron rechazados por errores de forma. Pero dejó una puerta abierta
Señores, señoras, en pleno año electoral y con la olla política a punto de reventar, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, salió a poner paños fríos. Desde el penal de mujeres de Chorrillos, el funcionario negó de manera tajante que su cartera esté analizando un indulto humanitario para el expresidente Pedro Castillo.
Según explicó, las solicitudes presentadas hasta ahora fueron desestimadas por fallas en su presentación. ¿La razón? Documentos incompletos y firmas que no correspondían. En sus palabras, esos pedidos «fueron descalificados desde la forma» y hoy no hay ningún indulto de nivel presidencial sobre la mesa de la comisión.
Hasta ahí, todo claro. Pero aquí viene lo que nadie puede pasar por alto: el ministro dejó una rendija abierta. Jiménez remarcó que, si llegara una nueva solicitud para Castillo u otros exmandatarios, tendría que revisarse si cumple con la normativa vigente. «Si se cumpliesen las condiciones, habría que analizarlo; si no, no habría nada que analizar», refirió. ¿Casualidad que esto se diga a solo veinte días de que termine su gestión?
Y mientras se debate el destino de un expresidente, las cárceles del país se caen a pedazos. El propio ministro reconoció que muchos penales están en situaciones complejas, con puertas mal reforzadas y camas frágiles. El hacinamiento en el Perú supera el 155 %: hay capacidad para 45 000 internos, pero la cifra bordea los 108 000. ¡Casi el triple!
Jiménez fue honesto en algo: construir más cárceles no es la solución mágica, porque no hay dinero ni tiempo suficiente. Solicitó un crédito suplementario para mejorar la infraestructura, pero admitió que el próximo gobierno tendrá que hacerse cargo del problema. La pregunta que queda flotando, señores: ¿por qué siempre el desastre se lo dejan al que viene?