Carlos Sáenz Loayza, ex Fiscal Superior del Callao, irá preso por servir de puente para pagar sobornos a Walter Ríos a cambio de devolver 18 barras de oro incautadas
Señores, señoras, la justicia por fin alcanzó a uno de los rostros de la podredumbre que carcomió al sistema judicial del Callao. La Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Lourdes Bernardita Tellez Pérez, logró sentencia condenatoria contra tres implicados en actos de corrupción ligados a la organización criminal ‘los Cuellos Blancos del Puerto’.
El más sonado de los condenados es Carlos Manuel Sáenz Loayza, entonces Fiscal Superior del Callao, quien recibió cuatro años y cuatro meses de pena privativa de la libertad efectiva, siete años y seis meses de inhabilitación y una multa de S/ 131 563, como cómplice primario del delito de cohecho activo genérico. ¡El que debía perseguir el delito terminó engrasando la maquinaria de la corrupción!
Junto a él cayeron Raúl Francisco Javier Linares Sanoja y Alejandra Graziella Mercurio Rivadossi, ambos condenados a cuatro años y cuatro meses de cárcel efectiva, siete años y seis meses de inhabilitación y multa de S/ 6 022.25 cada uno, como autores de cohecho activo genérico.
Durante el juicio oral, dirigido por el fiscal adjunto supremo Eduardo Antonio Atencio Ramos, quedó acreditado que Linares y Mercurio, con la intermediación de Sáenz Loayza, entregaron beneficios indebidos a Walter Benigno Ríos Montalvo para que, como Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, intercediera ante jueces del Tercer Juzgado Penal Liquidador y favoreciera la desafectación y devolución de dieciocho barras de oro incautadas en el Expediente N.° 1410-2015.
¿Y cómo se compró ese favor? Con un almuerzo en el restaurante Al Pairo del Yacht Club Peruano el 26 de enero de 2017 y, dos días después, la entrega de doce botellas de whisky Johnnie Walker Gold Label en el propio domicilio de Walter Ríos. Así de descarado.
Hubo un segundo hecho: entre 2017 y 2018, los mismos investigados, nuevamente con la intermediación de Sáenz Loayza, habrían prometido al juez superior Daniel Adriano Peirano Sánchez el pago de US$ 50,000 para que influyera a favor del mismo expediente del oro. Sin embargo, el Poder Judicial absolvió a Peirano Sánchez del delito de cohecho pasivo específico y absolvió a los tres condenados del cohecho activo específico respecto de este segundo hecho.
En total, se impuso el pago solidario de S/ 150 000 por reparación civil del primer hecho y se mantuvo la reparación de S/ 200 000 fijada para el segundo. Con esta sentencia, el Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción cometida por funcionarios públicos.