El Tribunal Constitucional rechazó el habeas corpus con el que el expresidente buscaba borrar su juicio y dejar sin efecto la sentencia que lo manda 14 años a prisión por cohecho
Señores, no hay vuelta atrás. El Tribunal Constitucional rechazó la demanda de habeas corpus que presentó el expresidente Martín Vizcarra para anular el juicio oral del caso Lomas de Ilo, ese mismo proceso en el que fue condenado a 14 años de prisión por cohecho pasivo propio.
Con esa demanda, la defensa de Vizcarra pretendía nada menos que declarar nulo el auto de enjuiciamiento, la resolución de citación a juicio oral y «todo lo seguidamente actuado». En cristiano: querían tumbar el juicio entero y la sentencia que expidió el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. Pero el TC no se los permitió.
¿El argumento de la defensa? Que se le estaba vulnerando el principio de ne bis in idem, porque Vizcarra enfrentaba en paralelo un juicio oral por cohecho pasivo propio y un control de acusación por colusión simple, ambos sobre los mismos hechos. El Tribunal no se tragó el cuento.
Para los magistrados, las resoluciones cuestionadas —el auto de enjuiciamiento y la citación a juicio— no imponen ni determinan ninguna restricción al derecho a la libertad personal, que es precisamente lo que protege el habeas corpus. Es decir, esos papeles no eran la vía para lo que Vizcarra quería.
El TC sí reconoce que la restricción de su libertad ya está concretada, porque fue condenado a 14 años de prisión en noviembre de 2025. Pero advierten que esa condena recién podría discutirse en un nuevo proceso constitucional, y solo cuando cumpla un requisito clave: que sea firme. Y ahí está el detalle: la sentencia fue apelada y todavía debe resolverla una Sala Penal de Apelaciones Nacional. O sea, aún no es firme.
Recordemos de qué hablamos. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Vizcarra a 14 años de prisión efectiva tras hallarlo culpable de cohecho pasivo propio por los casos «Lomas de Ilo» y «Hospital de Moquegua». La sentencia suma además 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 94.900 soles y una reparación civil de 2.336.000 soles.
Según el tribunal, durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014, Vizcarra solicitó y recibió sobornos por un total de S/2.3 millones de las empresas Obrainsa e ICCGSA, a cambio de favorecerlas en la adjudicación de esos proyectos. El exmandatario condicionó las licitaciones y adjudicaciones al pago de comisiones ilícitas, aprovechando su cargo para llenarse los bolsillos.
El juzgado dio por probados estos hechos con declaraciones de colaboradores eficaces, registros financieros, comunicaciones electrónicas y testimonios presenciales. El testimonio de Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa, fue clave: describió reuniones y entregas de dinero al entonces gobernador. A eso se sumaron registros bancarios, documentos de licitación y corroboraciones de fechas y reuniones.
Hoy Martín Vizcarra cumple su condena de 14 años en el penal de Barbadillo, donde comparte techo con otros expresidentes sentenciados: Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Barbadillo, ese penal exclusivo para exmandatarios, en condiciones de seguridad especial y lejos de la población carcelaria común. La fila de exjefes de Estado tras las rejas sigue creciendo, señores.