El prófugo de Perú Libre apeló para librarse de la reparación civil del caso Antalsis, alegando que ya no debe responder por un delito que le archivaron a pedido de la propia Fiscalía
Señores, señoras, presten atención a esto. Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre que lleva prófugo desde 2023, ahora se queja de que la justicia lo mantenga atado al pago de una eventual reparación civil al Estado en el caso Antalsis. ¿La razón de su molestia? Que la acusación por presunta colusión agravada en su contra fue archivada, y encima a pedido de la propia Fiscalía.
A través de su defensa legal, Cerrón busca que se revoque la resolución emitida el pasado 10 de abril por el juez Leodan Cristóbal Ayala. El magistrado dispuso el archivo de la acusación por colusión agravada, pero también determinó que el exgobernador regional continúe incorporado al proceso para responder por los posibles daños y perjuicios que habría ocasionado al Estado.
Cerrón alega una supuesta contradicción
En el recurso presentado ante el Poder Judicial, la defensa del dirigente argumenta que resulta incoherente mantenerlo con una eventual obligación de reparación civil por un delito cuya acusación penal ya fue archivada. Según el escrito, no correspondería exigir una indemnización derivada de un hecho que dejó de formar parte de la imputación penal. La defensa también sostiene que no existiría un daño material o moral acreditado que pueda atribuirse directamente a Cerrón en el extremo de colusión agravada.
La apelación fue admitida a trámite por el juez Cristóbal Ayala el pasado 20 de mayo y luego elevada a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Será esta instancia la que deberá convocar una audiencia virtual para escuchar a las partes y emitir una decisión definitiva.
Los delitos que todavía pesan sobre Cerrón
Que nadie se confunda: aunque le archivaron la colusión agravada, Vladimir Cerrón sigue afrontando otros cargos dentro del caso Antalsis. El Ministerio Público mantiene vigente la acusación por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho pasivo propio.
Según la tesis fiscal, el exgobernador habría integrado una presunta organización criminal vinculada a Martín Belaúnde Lossio, que habría generado un perjuicio superior a los 26 millones de soles al Estado durante su gestión al frente del Gobierno Regional de Junín entre 2011 y 2014.
De acuerdo con la investigación, las presuntas irregularidades estuvieron relacionadas con la ejecución de los puentes Comuneros y Eternidad. Para esas obras se suscribieron convenios con Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA), entidad que después subcontrató a la empresa Antalsis. La Fiscalía sostiene que este mecanismo habría permitido eludir los procedimientos de la normativa de contrataciones públicas para favorecer a una presunta red criminal.
Prófugo desde 2023 y todavía buscado por la justicia
La situación judicial de Cerrón sigue siendo complicada. El exgobernador permanece en condición de no habido desde el 6 de octubre de 2023, fecha en la que pasó a la clandestinidad tras ser condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva en el caso Aeródromo Wanka.
Aunque esa sentencia fue luego anulada por la Corte Suprema, el líder de Perú Libre sigue siendo requerido por la justicia debido a una orden de prisión preventiva de 24 meses dictada en otra investigación. Ese caso estaría vinculado al presunto financiamiento ilegal de las campañas de su partido entre los años 2008 y 2021.
Mientras la Sala de Apelaciones evalúa su recurso, Cerrón busca dejar sin efecto la decisión que lo mantiene expuesto al pago de una eventual reparación civil. Señores, mientras él sigue escondido, el que reclama que no le cobren es el mismo que la justicia anda buscando.