El congresista y candidato presidencial estaría a un paso del banquillo por presunta declaración falsa ante el organismo electoral. Más de S/204.000 habrían ido a parar a la cuenta de su hermano y parte del dinero habría terminado en sus propios bolsillos.
El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se encontraría a un paso del juicio oral por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las pesquisas fiscales habrían destapado una serie de movimientos económicos irregulares vinculados al congresista y candidato presidencial.
La Fiscalía sostiene que el también exministro de Comercio Exterior y Turismo habría presentado reportes con información inexacta sobre los aportes de campaña de Juntos por el Perú durante los procesos electorales de 2018 y 2020. Según la tesis del Ministerio Público, parte importante del dinero destinado a actividades partidarias nunca habría ingresado a las cuentas oficiales de la agrupación política.
De acuerdo con la investigación fiscal, más de S/204.000 habrían sido depositados en la cuenta bancaria de William Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial. Una parte de esos fondos también habría terminado en cuentas personales del propio legislador, lo que estaría siendo materia de análisis en el expediente.
Las pesquisas también habrían detectado presuntas inconsistencias en la declaración de aportes no monetarios valorizados en S/27.400. Dicho monto correspondería al supuesto préstamo de un local para actividades partidarias durante el 2020. Sin embargo, la persona consignada como aportante habría declarado ante las autoridades que nunca cedió el inmueble para la campaña política, lo que dejaría en evidencia un presunto reporte falso.
A los cuestionamientos contra el líder de Juntos por el Perú se suman las sanciones impuestas por la ONPE. El organismo electoral ratificó recientemente una multa de S/88.000 contra el partido debido a la presentación de recibos sin las firmas de los presuntos donantes. Un detalle nada menor que pondría en serios aprietos la narrativa de transparencia que el candidato presidencial intenta construir de cara a las elecciones.
Pero hay más. El incremento patrimonial de Roberto Sánchez resulta llamativo: pasó de declarar S/14.000 en el 2021 a más de S/500.000 en el 2025, según sus propias declaraciones juradas. ¿De dónde habría salido tanto dinero en tan poco tiempo? Esa es la pregunta que el congresista todavía no ha respondido con claridad.
El Poder Judicial programó para el próximo 27 de mayo una audiencia virtual para evaluar el nuevo auto de enjuiciamiento contra Roberto Sánchez. En esa sesión, el juzgado determinará si el caso avanza oficialmente a juicio oral. La Fiscalía buscaría que el proceso entre a la etapa final para debatir las pruebas reunidas durante la investigación.
El caso se originó hace seis años, tras las observaciones realizadas sobre los reportes financieros de Juntos por el Perú ante la ONPE. Las pesquisas fiscales señalan que el partido habría declarado aportes de campaña por S/0, pese a que sí existirían movimientos económicos relacionados con actividades políticas y recaudación de fondos.
Hasta el momento, el candidato presidencial habría evitado responder con claridad sobre el origen del dinero que ingresó a sus cuentas personales. Por su parte, Leandro Cerna, exdirigente de la agrupación, afirmó que nunca existió transparencia sobre los recursos obtenidos a nivel nacional por el partido político.
La pregunta que queda flotando en el ambiente es: ¿puede el Perú permitirse un candidato presidencial con un proceso penal abierto y un incremento patrimonial sin explicación clara?