La Contraloría destapa que la comuna habría favorecido a una empresa de los hermanos de un exregidor entre 2021 y 2023, ignorando la ley y dilapidando recursos que pertenecen al pueblo cusqueño
Señores, esto sí es el colmo del descaro. La Contraloría General de la República acaba de remecer a la Municipalidad Provincial de Coya, en Cusco, tras destapar un escándalo de contrataciones irregulares que habrían superado los S/ 347 mil soles de fondos públicos, dinero que terminó en los bolsillos de una empresa que tenía prohibido contratar con el Estado. ¿Hasta cuándo, señores, vamos a permitir que las autoridades jueguen con la plata del pueblo como si fuera suya?
De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 5735-2026-CG/GRCU-AOP, que evaluó el periodo entre 2021 y 2023, la entidad pagó exactamente S/ 347 955,82 a una empresa proveedora de combustible y maquinaria. ¿El detalle que lo cambia todo? Esa compañía estaría vinculada directamente a un exregidor de la misma municipalidad. Sí, señores, así de cínico: los recursos del pueblo cusqueño habrían terminado financiando a la familia de quien debía fiscalizarlos.
El informe es contundente: los principales accionistas de la empresa —que poseen el total del capital social— serían hermanos de un ciudadano que ejerció como regidor durante el periodo 2019-2022. Ese vínculo familiar los mantenía impedidos de contratar con la entidad, incluso hasta doce meses después de finalizada la gestión del funcionario. ¿Acaso esto les sonó normal a quienes aprobaron los pagos?
La normativa es clara como el agua. El artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley n.° 30225) establece que los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de los regidores no pueden ser proveedores de la entidad donde estos ejercen funciones. La restricción también alcanza a empresas en las que dichos familiares tengan más del 30 % de participación, exactamente como habría ocurrido en este caso.
Pese a que la ley grita lo contrario, la municipalidad de Coya aprobó contratos y autorizó pagos sin verificar información elemental, como la Ficha Única del Proveedor. Tampoco se habrían revisado adecuadamente las declaraciones juradas de intereses ni los registros civiles que confirmaban el vínculo familiar. Esa cadena de omisiones —¿o conveniencias?— habría permitido concretar las contrataciones de manera irregular y mover casi 348 mil soles del erario hacia un proveedor blindado por la ley.
Para la Contraloría, estos hechos golpean directamente la legalidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. Por ello, recomendó al titular de la entidad adoptar acciones inmediatas para determinar responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan. La pregunta que queda en el aire, señores, es una sola: ¿alguien va a responder por esto, o este caso terminará archivado como tantos otros?