ONPE187 mesas sin instalar, 35 camiones varados: la ONPE destruyó sus propias elecciones y le echó la culpa al proveedor

Chats filtrados y declaraciones del presidente del JNE ante el Congreso confirman que el retraso en la entrega del material electoral nació dentro de la propia institución

El sábado 11 de abril de 2026, a las 11:43 de la noche, Juan Alvarado, representante de la empresa Servicios Generales Galaga SAC, le escribió un mensaje directo a Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE: «Juan, buenas noches, en este momento tengo 35 unidades vacías, siendo las 12 a.m. Tu apoyo para que puedan salir lo antes posible».

Esos 35 camiones estaban listos. El material electoral que debían transportar a los centros de votación no lo estaba. Era la ONPE la que no había cargado los vehículos. Los registros de la conversación verifican que a las 11:44 p.m. Alvarado llamó a Phang por WhatsApp durante un minuto sin obtener solución. Pasada la medianoche del domingo 12, fue el propio funcionario quien devolvió las llamadas: una a las 12:31 a.m. de tres minutos, otra a la 1:40 a.m. de 52 segundos. Los camiones siguieron sin moverse.

El JNE lo dijo sin rodeos: la culpa es de la ONPE

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no dejó espacio para interpretaciones al presentarse ante el Congreso. «La ONPE no cumplió con lo que se había prometido. El retraso se ha debido a fallas logísticas de la ONPE», declaró con todas sus letras, señalando directamente a la institución que encabeza Piero Corvetto.

Burneo también precisó que el colapso no se limitó al papel o las ánforas. El verdadero cuello de botella estuvo en el material digital: computadoras e impresoras que no llegaron a tiempo para instalar las mesas de sufragio. El resultado fue que la ONPE no logró instalar 187 mesas de sufragio en todo el país, un número que representa un golpe directo al derecho al voto de miles de ciudadanos.

Los propios trabajadores de la ONPE lo sabían desde horas antes

Chats internos de auxiliares de la institución describen el caos desde mucho antes de la medianoche. A las 9:42 p.m. del sábado se reportaba que no había personal para armar los equipos. A las 10:47 p.m. se alertaba la falta de materiales en la ruta 103 hacia San Martín de Porres. En algún momento de esa noche, uno de los mensajes resumió lo que todos temían: «Mañana los electores no podrán sufragar».

Otros registros daban cuenta de camiones sin combustible, fallas mecánicas y ausencia de custodia en puntos clave. «No tenemos a los comisionados de ONPE. Tenemos todas las unidades ya listas y no tenemos comisionados», escribía una trabajadora. «Auxilio mecánico o transbordo urgente. A la espera de partir», decía otro mensaje.

Un funcionario suspendido y un contrato que huele mal

Juan Antonio Phang Sánchez, el subgerente que recibía los mensajes y las llamadas de Galaga mientras los camiones permanecían vacíos, se encuentra actualmente suspendido del cargo. Su nombre aparece también en el centro de las irregularidades del proceso de licitación del servicio de transporte.

El exfuncionario José Samamé, quien colabora con la Policía en la investigación, declaró que se negó a firmar el contrato con Galaga por las observaciones de la Contraloría. Días después, fue enviado de vacaciones el 10 de febrero, en pleno proceso de contratación. Phang asumió el despacho entre el 13 y el 19 de febrero, y el contrato con Galaga fue firmado el 19 de febrero, último día de esa encargatura.

El especialista en contrataciones del Estado Juan Carlos Pinto señaló que en la evaluación técnica se habría aplicado un criterio que no estaba en las bases: restar el espacio de la cabina del piloto al medir la capacidad de los camiones, lo que habría perjudicado a competidores de Galaga. «Los términos de referencia no te dicen que esos 10 metros cúbicos se van a contabilizar restando esta cabina. Ese criterio es nuevo, de ningún modo se había explicado», precisó.

La Contraloría advirtió. La ONPE ignoró.

La Contraloría General de la República realizó acciones de control previas a la jornada electoral y detectó los problemas con anticipación. Su vocero, Guzmán Vera Coronel, relató que un vehículo programado para llegar a las 10:00 p.m. nunca apareció, incluso hasta las 2:00 o 3:00 a.m. del domingo. «No es un trabajo que hacemos de la noche a la mañana. Previamente hemos puesto en conocimiento del titular de la entidad», afirmó, dejando en claro que la ONPE fue advertida y eligió no actuar.

Corvetto dijo «error puntual». Los hechos dicen otra cosa.

Ante el Congreso, el jefe de la ONPE Piero Corvetto intentó minimizar el escándalo calificándolo de «un error puntual, extraordinario» y cargó las culpas al proveedor. La declaración del presidente del JNE, los chats de los propios trabajadores, los mensajes de Galaga, el testimonio de la Contraloría y la suspensión de Phang Sánchez cuentan una historia diferente.

Señores ciudadanos, 187 mesas sin instalar, 35 camiones varados y miles de peruanos en largas colas no son un «error puntual». Son el resultado de una institución que falló en su obligación más básica: garantizar que el voto de cada peruano cuente. Y alguien tiene que responder.