Bancada respalda «unánimemente» al excoronel acusado de negociación incompatible, mientras Renovación Popular exige su salida de la comisión
Señores, esto es lo que se llama proteger a los suyos cueste lo que cueste. La bancada de Ahora Nación ratificó este lunes en el Congreso su respaldo unánime al diputado Harvey Colchado como su representante en la Comisión de Ética, justo cuando el excoronel enfrenta un pedido fiscal de nueve años y cuatro meses de prisión.
El respaldo se dio luego de que el coordinador de la comisión, Javier Cipriani (Renovación Popular), acusara a Colchado de retrasar la instalación de la mesa directiva del grupo de trabajo tras poner su cargo a disposición. «A él lo que le gusta son las cámaras. A mí no me gustan tanto, pero a él le encantan […] Mi criterio es que el partido de ellos reemplace a Harvey Colchado», habría lanzado Cipriani durante la sesión, según trascendió.
La bancada de Ahora Nación salió al frente para desmentir estos señalamientos y denunció lo que calificaron como una «persecución política» a través del uso indebido de las instituciones del Estado. La diputada Indira Huilca defendió la actuación de Colchado como «una muestra de transparencia» y no como una maniobra dilatoria, mientras que el legislador César Holguín exigió «no utilizar las instituciones para realizar persecuciones políticas».
Pero mientras la bancada cierra filas, la controversia judicial que rodea a Colchado sigue su curso. La fiscal Diana Paico solicita nueve años y cuatro meses de prisión en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, en un caso que data de 2021. La fiscalía le imputa haber consignado información laboral falsa como trabajador independiente en un poder notarial para el arrendamiento familiar de un inmueble a la Policía Nacional del Perú, pese a que en ese momento se desempeñaba como coronel en actividad de dicha institución.
Colchado se defendió ante sus colegas asegurando que su ofrecimiento de dejar el cargo no respondía a una inhabilitación legal, sino a un intento por «preservar la armonía y la credibilidad» de la comisión mientras afronta el proceso. Dejó, sin embargo, la decisión final sobre su continuidad en manos del pleno de la comisión.
El excoronel insiste en su inocencia y descarta que exista irregularidad o intención de fraude en el contrato de arrendamiento que hoy lo tiene contra las cuerdas judiciales. La pregunta que queda en el aire: ¿puede alguien con un pedido fiscal de 9 años de cárcel seguir vigilando la ética de los demás congresistas?