El Segundo Juzgado Constitucional de Lima dio luz verde al recurso presentado por el abogado Walter Ayala, pero la decisión final aún está lejos.
El Poder Judicial ha vuelto a poner en el centro del debate político y judicial al expresidente Pedro Castillo. Esta vez, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite una demanda de habeas corpus presentada por el abogado Walter Ayala, quien busca la excarcelación del exjefe de Estado al considerar que se habría vulnerado su derecho a la libertad individual. La decisión fue oficializada mediante la Resolución N. 01, emitida el 10 de julio de 2026 por la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa.
En el documento se precisa que la demanda fue interpuesta contra diversas autoridades e instituciones del Estado, entre ellas el presidente de la República, el Ministerio de Justicia, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esto significa que el proceso no solo apunta a la liberación de Castillo, sino que también cuestiona la actuación de múltiples poderes del Estado.
¿Qué implica la admisión del habeas corpus?
La admisión del recurso no significa que el Poder Judicial haya ordenado la liberación de Pedro Castillo. Se trata del inicio del procedimiento constitucional, mediante el cual el juzgado evaluará los argumentos de las partes antes de emitir una decisión sobre el fondo del caso. Es decir, la jueza apenas ha dado el primer paso en un camino que podría ser largo y lleno de controversias.
«ADMITIR a trámite (…) la demanda de Habeas Corpus interpuesta por Walter Edison Ayala Gonzales, a favor del ciudadano José Pedro Castillo Terrones (…) por supuesto atentado contra su libertad individual», señala la resolución judicial.
El documento también identifica como demandados al presidente José María Balcázar Zelada, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, al presidente del Congreso, a jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al juez supremo Juan Carlos Checkley y a la fiscal de la Nación. Una lista que deja claro que la defensa de Castillo apunta a una supuesta conspiración en su contra.
Entidades deberán presentar sus descargos
Como parte del procedimiento, la magistrada dispuso trasladar la demanda a las procuradurías de las instituciones involucradas para que respondan a los argumentos expuestos por la defensa del expresidente. «Dispongo: Corrase traslado a la Procuraduría General del Estado; Procuraduría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Procuraduría del Congreso de la República; Procuraduría del Poder Judicial y Procuraduría del Ministerio Público, a fin de que en un plazo de tres días (…) emitan los descargos pertinentes», indica la resolución.
De acuerdo con el documento, las entidades deberán sustentar su posición con la documentación correspondiente dentro del plazo establecido. Posteriormente, el juzgado analizará los argumentos presentados antes de emitir un pronunciamiento respecto al habeas corpus. Con esta decisión, el proceso constitucional entra en una nueva etapa, pero aún no existe un fallo sobre la solicitud de excarcelación de Pedro Castillo.
Será el Poder Judicial el que, tras evaluar los descargos y los fundamentos de la demanda, determine si corresponde o no otorgar la tutela solicitada por la defensa del exmandatario. Mientras tanto, la expectativa y la polémica están servidas.