El defensor del expresidente insiste en que el Estado peruano debe cumplir las recomendaciones internacionales, pese a que no son vinculantes.
El abogado Wilfredo Robles, defensor legal de Pedro Castillo, ha solicitado al gobierno peruano que adopte oficialmente las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, las cuales sugieren la liberación inmediata del expresidente. En declaraciones a Exitosa, Robles señaló que “lo ideal sería que el Estado peruano, a través de su más alto representante, que es el doctor Balcázar, emita un decreto supremo acatando las recomendaciones”.
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha aclarado que estas recomendaciones no son vinculantes y no obligan al Perú a modificarlas. Pese a ello, Robles insiste en que el documento contiene un pedido directo al gobierno. “El informe, la decisión, le pide al gobierno, le hace una petición”, afirmó, aunque reconoció la posibilidad de una respuesta negativa por parte del Ejecutivo.
“Lo ideal dentro del respeto del derecho internacional de los derechos humanos sería que lo acate, que acoja esas recomendaciones y las aplique”, sostuvo el abogado.
Consultado sobre los planes de Castillo en caso de recuperar la libertad, Robles evitó pronunciarse. “Yo estrictamente lo que he sido llamado para asumir la defensa, yo no puedo trazarle o tampoco soy quien ingiere en su actividad política”, dijo. Además, describió al expresidente como un “líder social” que incomoda a ciertos sectores, no solo de la derecha.
La postura de la Cancillería
La Cancillería peruana emitió un comunicado tras la difusión del dictamen de la ONU, que calificó la detención de Castillo como “arbitraria” y recomendó su liberación, indemnización y otras medidas de reparación. En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos, integrado por expertos independientes, y que sus opiniones no alteran las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales.
El gobierno peruano mantiene su postura firme: las recomendaciones internacionales no modifican las decisiones judiciales internas. Mientras tanto, la defensa de Castillo y sus aliados políticos insisten en que el Estado debe acatar el llamado de la ONU, generando un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y los seguidores del expresidente, quien cumple una condena en primera instancia por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.