La Tercera Sala Constitucional de Lima ratificó que no procede la medida cautelar con la que se buscaba anular el pedido de más de cinco años de prisión contra el excandidato presidencial por presuntas irregularidades financieras ante la ONPE
¡Señores! El Poder Judicial volvió a decir NO. La Tercera Sala Constitucional de Lima denegó nuevamente la solicitud de medida cautelar presentada a favor de Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú. El recurso pretendía suspender de inmediato los efectos de la acusación fiscal que exige cinco años y cuatro meses de prisión en su contra por presuntas irregularidades en la entrega de información financiera partidaria a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En una resolución emitida el pasado 14 de julio, el colegiado confirmó el fallo de primera instancia. La sala sustentó su decisión en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, que establece de forma expresa que las medidas cautelares no están previstas para los procesos de habeas corpus.
La sala determinó que el demandante pretendía realizar un control sobre actos fiscales mediante un mecanismo procesal inviable. Por lo tanto, al no existir un marco normativo que habilite esta vía, concluyó que carecía de objeto analizar los presupuestos procesales y ratificó la improcedencia del pedido.
Los argumentos de la defensa
El recurso fue impulsado por el ciudadano Tomás Soldevilla, quien presentó un habeas corpus para anular tanto la acusación de la fiscalía de Lima Centro como la citación judicial para el control de dicho documento.
En su apelación, Soldevilla argumentó que la fiscalía solicitaba una pena desproporcionada y una inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos basándose únicamente en la presentación de informes financieros. Además, cuestionó el fallo inicial de mayo por considerar que carecía de motivación, aplicaba indebidamente criterios del proceso civil y omitía el peligro inminente que representaba el avance del proceso penal contra Sánchez.
La decisión que motivó esta apelación fue emitida el 15 de mayo por la magistrada Malbina Saldaña, titular del Séptimo Juzgado Constitucional de Lima. En su momento, rechazó la cautelar argumentando que las presuntas vulneraciones a los derechos políticos, al debido proceso y al honor del acusado no podían resolverse de manera anticipada. Saldaña precisó que la legalidad de los actos fiscales cuestionados deberá determinarse cuando se emita la sentencia de fondo del habeas corpus, una vez que se verifiquen los hechos y se analice todo el expediente.
El juicio oral ya está en marcha
Mientras el proceso constitucional sigue su curso, la vía penal continúa avanzando. El pasado 5 de junio, el juez penal Adolfo Farfán emitió el auto de enjuiciamiento, resolución con la cual se autoriza formalmente el inicio del juicio oral contra Roberto Sánchez.