El líder de Juntos por el Perú, derrotado en segunda vuelta, exige derogar leyes, liberar al expresidente e investigar las muertes del sur antes de sentarse a conversar con la mandataria electa
Señores, señoras, aquí está armándose un pulso político que promete. Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú y candidato que perdió la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori por poco más de 49 mil votos, no piensa entrar al diálogo político así nomás. Este viernes puso sus condiciones sobre la mesa y no son pocas: la liberación de Pedro Castillo, la derogación de las llamadas «leyes procrimen» y la investigación de las muertes registradas durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023.
Al llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en un vuelo procedente de Juliaca, Puno, Sánchez declaró a RPP que su agrupación solo se sentará a conversar cuando esas demandas estén sobre la mesa. «Instalemos la comisión que investigue los crímenes del sur. Instalemos esa voluntad política para derogar las leyes procrímenes y como sienten muchos peruanos […] una demanda ética, la libertad del presidente (Pedro) Castillo. Cuando esos estándares se pongan adelante estaremos dispuestos a dialogar siempre», manifestó.
El dirigente no ocultó su desconfianza hacia la presidenta electa. «Nosotros somos dialogantes, construimos siempre, pero a la señora Keiko Fujimori yo no le creo nada», declaró sin rodeos.
Y fue más allá: anunció que impulsará una coalición opositora para hacerle frente a la próxima administración. «Levantaremos un proyecto, una coalición democrática que le haga contraparte a esa vocación autoritaria que hoy gobierna en el Perú desde el Parlamento con el pacto mafioso», sostuvo.
La ofensiva de Sánchez tiene además un frente internacional. Días atrás, Juntos por el Perú presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el organismo evalúe presuntas vulneraciones a los derechos políticos durante el proceso electoral. Según el documento, el excandidato sostuvo que el procesamiento de las actas de los peruanos residentes en el extranjero habría carecido de transparencia y trazabilidad técnica. También cuestionó el costo para impugnar mesas de votación, al considerarlo una barrera para el acceso a la justicia.
Del otro lado, las autoridades electorales precisaron que la solicitud fue presentada sin adjuntar pruebas materiales que sustenten la presunta alteración de votos. Cabe recordar que el JNE ya proclamó oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031, tras un cómputo final que la ubicó por encima de Sánchez por 49,641 votos.
Así las cosas, señores: de un lado una mandataria electa que convoca al diálogo, del otro un líder opositor que exige una lista de condiciones antes de aceptar. ¿Se logrará algún acuerdo o el país arranca este nuevo periodo con las trincheras ya cavadas? Ustedes tienen la palabra.