El excandidato presidencial renunció al Senado que ganó y ahora pelea contra el JNE para colarse en la fórmula municipal, dejando su lugar a un condenado por corrupción
¡SEÑORES! Rafael López Aliaga acaba de hacer algo que huele a maniobra política pura: devolvió la credencial de senador electo que le entregó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con un solo objetivo, quedar habilitado para postular como teniente alcalde de Lima. Sí, señoras y señores, renunció a un escaño que el pueblo le dio para acomodarse en otro cargo que le conviene más.
En la carta que presentó Renovación Popular se lee que devuelven la credencial emitida a nombre de Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla como Senador por Distrito Único para el periodo 2026-2031, «toda vez que como es de conocimiento público, él ha comunicado de manera expresa e inequívoca su decisión de no asumir el referido cargo». La devolución se hizo el 24 de junio, justo un día antes de que el JNE entregara las credenciales físicas a los senadores electos.
¿Y saben qué es lo peor? Con esta jugada, Renovación Popular pidió al tribunal electoral que deje sin efecto el documento y convoque al accesitario de López Aliaga: nada menos que el exministro fujimorista Absalón Vásquez, condenado por corrupción. Es decir, el sillón que deja podría terminar en manos de un sentenciado. ¡Esto es lo que llaman representación del pueblo!
El pasado viernes 3 de julio, el partido presentó un recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que declaró improcedente la inscripción de López Aliaga como candidato a teniente alcalde. El personero legal Fernando Sandoval Ruiz firmó el recurso en el último día habilitado para impugnar.
El JEE fue claro: López Aliaga fue proclamado senador electo el 19 de junio de 2026, y esa condición no se borra con la sola manifestación de no querer jurar. Para el organismo, mientras no exista un acto resolutivo oficial que anule su elección, sigue siendo senador electo. Renovación Popular, en cambio, sostiene que el impedimento solo aplica a los congresistas que ya juramentaron, y que su líder no reúne esa condición.
Como si eso fuera poco, el JEE primero admitió las candidaturas de Aldo Bravo y Leo de Paz, otros integrantes de la misma lista proclamados diputados electos, para después rectificarse y declararlas también improcedentes. La misma película, el mismo enredo.
El 2 de julio, la presidencia del Congreso le pasó la pelota al JNE, señalando que resolver la situación jurídica de López Aliaga es competencia exclusiva del tribunal electoral. Ahora el Pleno del JNE deberá decidir: o deja sin efecto la credencial y lo habilita como candidato para las Elecciones Municipales y Regionales 2026, o ratifica que su postulación no procede.
La pregunta que queda en el aire, señores: ¿desde cuándo un cargo que otorga el voto popular se devuelve como si fuera un ticket de cambio? ¡Esta boca no la calla nadie!