La Tercera Sala Constitucional de Lima declaró fundada en parte la demanda de amparo de la decana del CAL, ordenó su reincorporación y expuso las graves irregularidades del Parlamento en su proceso.
La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, obtuvo una victoria judicial en primera instancia. La Tercera Sala Constitucional de Lima declaró fundada en parte su demanda de amparo, declarando inaplicables tanto la resolución que la inhabilitó por 10 años de la función pública como la resolución legislativa que le levantó el antejuicio político para procesarla penalmente por prevaricato, abuso de autoridad, falsedad genérica y usurpación de funciones.
La sanción, según el fallo al que accedió Infobae, se impuso sobre la base de un reglamento interno del Ministerio Público que Espinoza nunca respaldó ni firmó. La Sala advirtió que el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no explicó de manera mínima cómo la aprobación de un reglamento podría constituir infracciones a la Constitución o la comisión de delitos.
Los magistrados también identificaron una «grave incongruencia»: Delia Espinoza fue la única fiscal suprema inhabilitada, pese a que el informe final también alcanzaba a Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, contra quienes el Congreso no aprobó ni las propuestas de acusación ni las de inhabilitación. Para la Sala, esta situación vulneró el derecho al debido proceso parlamentario y a la debida motivación, además del derecho a la igualdad de Espinoza, ya que los demás fiscales en idéntica situación jurídica no recibieron la misma sanción sin que exista «justificación o argumento alguno» que explique ese trato diferenciado.
En consecuencia, la Sala ordenó la reincorporación de Espinoza al cargo de fiscal suprema titular «siempre y cuando no exista resolución administrativa, judicial y/o de otra índole que disponga lo contrario». Sin embargo, esta reincorporación no es viable en lo inmediato: tras la inhabilitación del Congreso, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la destituyó, y posteriormente el Parlamento volvió a imponerle una segunda inhabilitación por 10 años, acción que tuvo lugar luego de que Infobae revelara que dos jueces superiores ya habían votado a favor de su demanda y que faltaba un solo voto para declararla fundada.
El fallo no fue unánime. La jueza Rocío del Pilar Ruiz Arrieta votó por declarar improcedente la demanda, considerando que el Congreso actuó respetando el proceso.