Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva por actos de tortura agravada ocurridos dentro del establecimiento penitenciario
La Fiscalía Provincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad y Contra el Terrorismo presentó acusación formal y solicitó nueve meses de prisión preventiva contra personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Huaraz, investigado por su presunta participación en el delito de tortura agravada al interior del penal.
Según informó el Ministerio Público, los investigados cuentan con orden de captura vigente. El requerimiento fiscal se sustenta en los elementos de convicción reunidos durante la investigación a cargo del fiscal adjunto provincial Yerson Fernández De la Cruz.
De acuerdo con la tesis fiscal, los hechos habrían ocurrido durante el año 2025 al interior del penal de Huaraz, en agravio de un interno que cumplía condena por el delito de omisión a la asistencia familiar. La investigación incluyó diversas diligencias y actos de recopilación de información que, según la Fiscalía, permitieron vincular a los investigados con los presuntos actos denunciados.
Lo más alarmante: este no es el primer requerimiento formulado dentro del caso. La Fiscalía ya había solicitado anteriormente prisión preventiva contra estos mismos investigados por hechos similares presuntamente cometidos dentro del mismo establecimiento penitenciario. Es decir, señores, ya había antecedentes y aparentemente el Estado no tomó las medidas suficientes para proteger a los internos.
La acusación fiscal y el pedido de prisión preventiva serán evaluados por el órgano jurisdiccional correspondiente, que determinará las medidas a adoptar en el marco del proceso judicial. Los investigados mantienen su condición de presuntos implicados conforme al principio de presunción de inocencia.
¿Hasta cuándo vamos a tolerar que quienes tienen el poder de custodiar sean los primeros en abusar de él?