El organismo constitucional autónomo no se queda de brazos cruzados y amenaza con llevar al Tribunal Constitucional la polémica norma que permite que militares y policías sean juzgados por sus propios tribunales.
La Defensoría del Pueblo ha encendido las alarmas en el Ejecutivo y el Congreso. Tras la aprobación de la ley que otorga impunidad de facto a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA) —al establecer que sean juzgados exclusivamente por el fuero militar-policial—, el organismo ha anunciado que evalúa presentar una demanda de inconstitucionalidad.
Mediante un comunicado oficial, la Defensoría indicó que se encuentra realizando un análisis riguroso para verificar si la norma es compatible con la Constitución Política del Perú, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que el país ha suscrito.
“Si como resultado del test de constitucionalidad no se respetan los límites establecidos en la Constitución, se interpondrá la demanda de inconstitucionalidad basado en los tres pasos sucesivos que la norma debe cumplir obligatoriamente: la idoneidad, necesidad y proporcionalidad o ponderación”.
Comunicado de la Defensoría del Pueblo
La decisión de la Defensoría llega en medio de una fuerte controversia social. Críticos de la norma advierten que esta podría generar un manto de impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos, permitiendo que abusos cometidos por efectivos castrenses o policiales queden sin sanción al ser juzgados por sus propios pares, en lugar de la justicia ordinaria.
El organismo aseguró que su análisis será “técnico, objetivo y estrictamente jurídico” antes de adoptar cualquier decisión. Sin embargo, el anuncio ya ha generado expectativa entre organizaciones de derechos humanos y sectores políticos que ven en esta medida una esperanza real para frenar lo que consideran un retroceso en la lucha contra la impunidad.
De concretarse la demanda, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre si la ley supera el test de proporcionalidad, un mecanismo clave para determinar si una norma vulnera derechos fundamentales. La pelota está ahora en la cancha de la Defensoría y, eventualmente, de los magistrados constitucionales.
- ¿quién nos protege cuando ellos mismos son delincuentes? La desconfianza hacia la institución policial crece cada vez que sale a la luz un nuevo caso de efectivos involucrados en robos
- Defensoría del Pueblo
- Fuerzas Armadas
- habría intentado justificar la medida asegurando que no implicaría impunidad
- inconstitucionalidad