El Ministerio Público formalizó la acusación por falsear información financiera ante la ONPE durante tres años consecutivos
A dos días del balotaje del 7 de junio, la Fiscalía formalizó la acusación contra Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), solicitando 5 años y 4 meses de prisión efectiva y la inhabilitación definitiva para ejercer la presidencia de su partido político.
La fiscal adjunta provincial Gladys Huete Gutiérrez presentó los cargos ante el juez Adolfo Farfán Calderón por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, presuntamente cometidos ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.
Los cargos en detalle
De acuerdo con la acusación fiscal, Sánchez habría presentado datos falsos ante la ONPE sobre la información financiera anual del año 2018. Asimismo, habría declarado información inexacta sobre los estados financieros de 2019 y 2020, así como sobre los gastos e ingresos de la campaña para las elecciones congresales de ese mismo año.
Uno de los puntos centrales de la acusación es la declaración de un aporte en especie por el uso de un local partidario, valorizado en 27,400 soles, que el presunto aportante negó durante la fiscalización de la ONPE.
El juez ordenó un nuevo control de acusación
Durante la audiencia, la Fiscalía intentó que solo se subsanara la acusación —conforme dispuso la Sala de Apelaciones— y se emitiera directamente el auto de enjuiciamiento para pasar a juicio oral. El juez Farfán Calderón rechazó esta pretensión.
El magistrado argumentó que ante la variación de la acusación, el Código Procesal Penal exige realizar el control correspondiente. Esto implica un nuevo control formal, sustancial y de pruebas, lo que podría dilatar el proceso penal.
Retiro de un cargo
El Ministerio Público también formalizó el retiro del cargo por fraude en la administración de personas jurídicas, en cumplimiento de lo resuelto por la Sala Penal de Apelaciones, que declaró fundada una excepción de improcedencia de acción sobre ese delito.