Víctor Hugo Febre, burgomaestre de Veintiséis de Octubre, habría sido ejecutado a balazos en Piura — y el Estado sigue sin respuestas
Este jueves, Víctor Hugo Febre, alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, en la región Piura, habría sido asesinado presuntamente por sicarios que le descargaron múltiples proyectiles de bala, certificándose posteriormente su deceso. Una autoridad elegida por el voto popular, muerta en plena calle, en pleno día, con total impunidad.
Y la pregunta que nadie en el gobierno se atreve a responder es la misma de siempre: ¿hasta cuándo?
Porque esto no es un hecho aislado. Esto es un patrón. El sicariato en el Perú lleva años avanzando sin freno, cobrándose vidas de regidores, alcaldes, candidatos y ciudadanos de a pie, mientras desde Lima nos ofrecen operativos de foto, decretos de emergencia que no emergen nada y discursos vacíos que no salvan a nadie.
Si un alcalde —una figura pública, con cargo, con visibilidad, supuestamente protegida por el sistema— puede ser ejecutado así, con esa facilidad y esa frialdad, ¿qué le espera al ciudadano común que no tiene ni cargo ni nombre conocido?
El norte del país lleva años siendo escenario de esta guerra que el Estado decidió perder antes de pelearla. El crimen organizado opera con una audacia que ya no se molesta en disimular, porque sabe perfectamente que la respuesta institucional es lenta, torpe o simplemente inexistente.
La sangre del alcalde Febre no es solo una tragedia personal ni regional. Es un termómetro del estado real de este país. Y la fiebre, señores, está altísima.