Mientras el titular de Defensa pide audiencia para «dar a conocer lo actuado», el sobreviviente denuncia que los efectivos lo amenazaron con armas para que se incriminara y la fiscal dejó ir a los acusados sin pedir su detención
El ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, solicitó presentarse ante la Comisión de Defensa del Congreso para intentar explicar el operativo militar del 25 de abril en Colcabamba, Huancavelica, que dejó cinco jóvenes muertos a manos del Ejército peruano. La petición llega en el peor momento posible para el sector: los ocho militares investigados ya están libres, el único sobreviviente retractó su declaración inicial acusando a los propios efectivos de haberlo amenazado, y la fiscal del caso dejó vencer el plazo legal sin actuar.
Flores Carcagno dirigió un oficio a la congresista Karol Ivett Paredes Fonseca, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, expresando su interés en «dar a conocer lo actuado por las Fuerzas Armadas del Perú respecto de los hechos acontecidos en el distrito de Colcabamba». La pregunta que el Congreso —y el país entero— le hará al ministro es una sola: ¿cómo es posible que sus militares maten a cinco civiles, los acusen de narcotraficantes, y ya estén sueltos?
Lo que Flores Carcagno tendrá que responder
El operativo se realizó en el VRAEM, en un contexto de operaciones contra el narcotráfico que el propio Ministerio de Defensa avala. Sin embargo, la versión de los hechos que maneja el sector se cae a pedazos con el testimonio del sobreviviente.
Ricardo Jampier Acuña Quispe, de 20 años, declaró ante cámaras de Epicentro TV que su primera declaración —en la que se incriminaba como transportista de droga— fue arrancada bajo amenaza de muerte. «Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala, así», afirmó el joven. Según su nueva versión, ni él ni los demás ocupantes del vehículo trasladaban droga ni armas al momento de la intervención.
Los militares libres y la fiscalía sin consecuencias
Pese a que los ocho efectivos —Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova— fueron detenidos inicialmente, la fiscal Zina Romero, a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, no solicitó detención preliminar dentro del plazo de 48 horas que establece la ley. Resultado: todos en libertad.
El abogado de las víctimas, Anthony Crespo, calificó la omisión como una falla imperdonable y anunció una queja formal ante el órgano de control del Ministerio Público. Para la defensa, la inacción de la fiscal no fue un error técnico: fue la llave que abrió la puerta de salida para los acusados.
El Ministerio Público mantiene abiertas diligencias preliminares por homicidio calificado, pero con los militares en la calle y una fiscal cuestionada al frente del caso, el ministro Flores Carcagno llega al Congreso con muy poco que ofrecer y mucho que explicar.