El exministro del Interior está en el ojo de la tormenta: el Ministerio Público quiere saber con quién habla y cuánto dinero mueve, en una investigación que también salpica al hermano de Dina Boluarte
Señores, esto no lo puede ignorar nadie. La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial que autorice levantar el secreto de comunicaciones y el secreto bancario del exministro del Interior Juan José Santiváñez, como parte de la investigación preliminar abierta por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado, en el marco del caso denominado ‘Ícaro o El Dorado’.
El requerimiento fue presentado el 1 de abril por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. La medida solicitada corresponde a la modalidad de registro histórico, lo que significaría revisar los movimientos pasados tanto en comunicaciones como en cuentas bancarias del investigado.
Pero Santiváñez no está solo en esta lista. La Fiscalía también solicitó levantar el secreto de comunicaciones de Gregorio Villalón, Máximo Ramírez, Franco Parodi, Percy Gamonal, Marco Palacios, Yesenia de la Cruz, Julissa Lores, Uber Torres y Gian Franco Meza, todos identificados como «terceros afectados» en la investigación.
En cuanto al secreto bancario, además de Santiváñez, el Ministerio Público apunta a Percy Tenorio, Marco Palacios, Gregorio Villalón, Franco Parodi, Gian Franco Meza y la empresa Asesoría y Proyectos Tenorio SAC.
Estos requerimientos fueron enviados al despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien programó dos audiencias virtuales de carácter privado para el martes 5 de mayo: una a las 9:30 a.m. y otra a las 11:00 a.m. El magistrado también ordenó notificar a las partes afectadas para que, en un plazo de tres días hábiles, indiquen si se oponen o se allanan a las medidas.
El trasfondo de todo esto es un supuesto esquema de corrupción vinculado al control de la mina El Dorado, en la región Ayacucho. Fue justamente por este caso que en agosto pasado la Fiscalía ejecutó el operativo ‘Ícaro 2025’, que incluyó allanamientos a las viviendas de Nicanor Boluarte —hermano de la expresidenta Dina Boluarte—, de Franco Parodi y de abogados del estudio jurídico del propio Santiváñez.
¿Hasta dónde llegan los tentáculos de esta red? Señores, la justicia está moviendo fichas. Estemos atentos.