El legislador de Renovación Popular defendió su iniciativa frente a las advertencias de la ANP e incluso ante reparos dentro de su propia bancada parlamentaria
El diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, ratificó que mantendrá en pie su proyecto de ley orientado a sancionar la denominada “apología al delito” en contextos de crisis política y conflictos sociales. La postura del parlamentario se da frente a los reparos de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), institución que advirtió que la medida podría vulnerar el ejercicio informativo y la libertad de expresión.
Bravo rechazó que la iniciativa busque criminalizar la cobertura de manifestaciones y expresó su disposición para reunirse con la ANP y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) a fin de detallar los alcances del texto. Asimismo, indicó que sostuvo un diálogo con el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Andrés Zúñiga, quien, según su versión, no halló vulneraciones a las libertades informativas en el documento.
“El proyecto no lo voy a retirar de ninguna manera. Este proyecto no tiene nada que ver con la coacción”, enfatizó el legislador al defender la propuesta, argumentando que no apunta a los periodistas, sino a actores con capacidad de convocatoria pública. “Está dirigido a toda persona que tiene capacidad de movilización pública, un funcionario, servidor público, representante, líder y/o dirigente político”, precisó, remarcando que se busca penalizar a quien “promueva, señale, justifique, intente legitimar” actos delictivos con artefactos peligrosos o explosivos. “¿En dónde está la libertad de expresión, por el amor de Dios?”, cuestionó.
Frente a ello, la ANP alertó sobre la ambigüedad de términos como “justificar” o “legitimar”, los cuales podrían dar pie a interpretaciones abiertas que afecten la labor informativa o generen autocensura, cuestionando además que el uso de plataformas y medios figure como agravante. A las críticas se sumó la senadora de Renovación Popular, Katherine Ampuero, quien sostuvo: “Defender nuestra tranquilidad y seguridad ciudadana no pasa por ‘sobrepenalizar’ conductas ilícitas que ya se encuentran tipificadas en nuestro Código Penal como la instigación y la apología al delito”, advirtiendo riesgos de afectación a la libertad de prensa y un posible ejercicio abusivo del derecho.