El jefe de la División de Investigación de Bandas Criminales habría liderado la sustitución de evidencia incautada por una réplica de cobre. El Estado perdería 200,000 dólares en el proceso.
Señores, lo que vamos a contarles no es una película de narcos ni una serie de streaming. Esto ocurrió dentro de una de las divisiones más importantes de la Policía Nacional del Perú, supuestamente encargada de combatir a los criminales. Y el presunto protagonista de esta historia no es un delincuente de la calle: es un coronel.
En la madrugada de este miércoles, la Policía Anticorrupción, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó un operativo que terminó con la detención del coronel PNP Rafael Morón Díaz, actual jefe de la División de Investigación de Bandas Criminales (Divibac), en el distrito de La Molina. El alto oficial estaría implicado en la presunta red criminal denominada Los Oropesa, dedicada a la manipulación y robo de evidencias incautadas dentro de la propia Dirincri.
Las diligencias comenzaron desde las 4:00 a. m. y se desarrollaron de manera simultánea en distintas regiones del país. Los agentes ejecutaron allanamientos y registros domiciliarios en Lima, Cajamarca y Huánuco, en cumplimiento de una orden de detención preliminar que alcanza a siete personas.
Así habrían robado el lingote: fotografías, réplicas y cadena de custodia violada
Según la tesis fiscal, todo comenzó en mayo de 2023, cuando un grupo de agentes intervino al empresario extranjero Kevin Valencia Muñoz y le incautó cuatro lingotes de oro. Antes de que el material fuera entregado oficialmente, un suboficial habría tomado fotografías detalladas de cada pieza. Esas imágenes, según la investigación, sirvieron para fabricar réplicas exactas en cobre con las que luego se habría sustituido el lingote auténtico, sin levantar sospechas dentro de la cadena de custodia.
Un colaborador eficaz identificado como «agente Pepe» señaló que el reemplazo se concretó en la sede central de la Dirincri. El lingote original habría sido vendido por 200,000 dólares, mientras que la falsificación de cobre fue la que terminó registrándose como evidencia oficial ante el sistema de justicia.
El Poder Judicial dispuso además el levantamiento del secreto de las comunicaciones y autorizó el descerraje de los inmuebles de los investigados. Entre los implicados figura el hermano del exministro del Interior Carlos Malaver, quien no fue ubicado durante la intervención en un inmueble de El Agustino.
Todos los detenidos enfrentan investigaciones por peculado doloso por apropiación agravado, cohecho pasivo propio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado peruano.
Esta boca no la calla nadie.