El excandidato presidencial convoca a movilizaciones nacionales amparándose en un dictamen dividido del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas
Señores, señoras, la olla está por reventar. Este viernes, Roberto Sánchez salió con todo a las redes sociales para convocar una movilización nacional que exige la liberación del expresidente Pedro Castillo. El excandidato presidencial aseguró que «los pueblos del Perú de todas las sangres» ya se alistan para tomar las calles, según él, en pleno ejercicio de su derecho constitucional a la protesta.
¿Y de dónde saca fuerzas Sánchez para semejante convocatoria? Del dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU. Este organismo concluyó que el arresto de Castillo —ejecutado el 7 de diciembre de 2022, tras su fracasado intento de disolver el Congreso— se realizó sin orden judicial y sin respetar su inmunidad como jefe de Estado.
Pero cuidado, que aquí no todo es blanco y negro. El dictamen NO fue unánime, y eso Sánchez prefiere no gritarlo tan fuerte. Dos integrantes del grupo, la abogada ucraniana Ganna Yudkivska y el jurista surcoreano Ethan Hee-Seok Shin, dejaron claro que la privación de libertad de Castillo sí se ajustó a derecho, porque su mensaje a la nación fue un acto de poder y no un simple ejercicio de libertad de expresión.
El presidente-relator neozelandés Matthew Gillett puso otra postura sobre la mesa: consideró que la declaración del expresidente podría estar protegida por la libre expresión, aunque limitó su cuestionamiento a la falta de sustento de la prisión preventiva. O sea, ni ellos mismos se ponen de acuerdo.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia tiene sobre su escritorio un pedido de gracia presidencial que la defensa del expresidente presentó y que aún no resuelve. Recordemos que Castillo cumple una condena de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión en el penal de Barbadillo, en Ate. La sentencia, dictada en primera instancia por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en noviembre de 2025, lo halló responsable de conspiración para la rebelión.
Y como si fuera poco, el exmandatario afronta otras investigaciones por presunta corrupción, crimen organizado y tráfico de influencias. Esta misma semana tuvo una audiencia adicional por el delito de falsa declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones. La pregunta que queda en el aire, señores: ¿movilización por justicia o cortina de humo para tapar todo lo demás?