El Ministerio Público descartó el delito de negociación incompatible pese al escandaloso salto de S/15.600 a S/35.568 que se oficializó con decreto supremo
La Fiscalía de la Nación archivó la investigación contra la expresidenta Dina Boluarte por el controvertido aumento de su sueldo presidencial. El fiscal Tomás Gálvez determinó que no existe mérito para una denuncia constitucional, cerrando así un caso que indignó a miles de peruanos.
La denuncia fue presentada por el Comité Ejecutivo Nacional de Voces del Pueblo, que acusó a la exmandataria y a su gabinete de negociación incompatible. El argumento central señalaba una presunta vulneración del tope salarial fijado en la Ley 28212, que establece límites basados en unidades remunerativas del sector público.
El aumento se oficializó en julio de 2024 mediante un decreto supremo firmado por Boluarte y el entonces ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes. La remuneración presidencial pasó de S/15.600 a S/35.568, más que duplicando el ingreso de quien ya ostentaba el cargo ejecutivo más alto del país.
El fiscal Gálvez sostuvo que los hechos no encajan en el delito de negociación incompatible porque no se acreditó un interés indebido. Indicó que el beneficio económico por sí solo no basta para sustentar una acusación penal. La resolución también ordenó el archivo definitivo del caso y la anulación del registro informático vinculado a la denuncia.
Uno de los puntos clave del fallo fue la fecha de inicio del trámite: la Fiscalía estableció que el proceso comenzó en marzo de 2024, lo que contradice la versión de los denunciantes, quienes sostenían que el aumento se gestionó de forma acelerada en 2025.
El análisis fiscal también señaló que el incremento se sustentó en la Ley del Servicio Civil (Ley 30057) y que el Congreso aprobó excepciones a la Ley 28212 mediante la Ley de Presupuesto 2025, habilitando así el ajuste salarial. Testimonios de funcionarios de SERVIR y del Ministerio de Economía respaldaron que el procedimiento siguió los pasos establecidos, sin identificarse presiones ni intervenciones indebidas.
El despacho fiscal también descartó una actuación concertada entre los exministros para favorecer a Boluarte, señalando que las decisiones se tomaron de forma colegiada en base a informes técnicos previos.