El presidente señaló que el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria altera el escenario jurídico de un posible indulto, aunque aclaró que no lo vincula de forma directa
El presidente José María Balcázar reconoció este viernes que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), que considera ilegal el arresto de Pedro Castillo y pide su liberación inmediata, modificaría las condiciones y la forma en que se podría conceder un indulto. El mandatario no expresó una intención de indultar al exgobernante, sino que admitió un cambio en el escenario jurídico.
Balcázar, que se encontraba de viaje en Cuzco cuando conoció el documento, indicó que el informe «viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida».
El presidente adelantó que analizará el fallo junto al ministro de Justicia, Luis Jiménez, una vez regrese a Lima, y señaló que el pronunciamiento de la ONU «abonaría» al petitorio que eventualmente formule la defensa de Castillo. «El caso de Pedro Castillo tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU», afirmó en entrevista con Radio Nacional. Precisó que, aunque el pronunciamiento no lo vincula de forma directa, sí podría ser considerado.
El mandatario también estableció condiciones. Subrayó que, para que un eventual indulto prospere, es necesario un pedido expreso y debidamente fundamentado por parte de la defensa. «Todo lo que ha presentado anteriormente no está dentro de este contexto. Por eso es que se rechazó formalmente, porque no venía acompañado de todas las pruebas correspondientes», explicó.
El dictamen del GTDA, fechado el 4 de junio y difundido por el portal El Foco, sostiene que la detención de Castillo, tras su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, se realizó «sin ninguna base legal, sin una orden emitida por una autoridad judicial, sin ser informado de los motivos de su detención y sin respetar su inmunidad como presidente».
El panel de expertos independientes concluyó, por mayoría, que la privación de libertad del exmandatario contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y solicitó al Gobierno peruano ponerlo «inmediatamente en libertad» y concederle una indemnización.
Dos de los cinco miembros del panel, la abogada ucraniana Ganna Yudkivska y el jurista coreano Ethan Hee-Seok Shin, presentaron una opinión disidente, al considerar que la detención no fue arbitraria, dado que el mensaje del 7 de diciembre de 2022 constituyó un acto de ejercicio del poder y no un caso de libertad de expresión o participación política.
Desde diciembre de 2022, el expresidente permanece recluido en el Penal Barbadillo de Ate, tras ser detenido en flagrancia. La Corte Suprema validó la detención en doble instancia. Vencido el plazo, se dictó prisión preventiva por 18 meses por el fallido golpe de Estado y, en diciembre de 2025, la Sala Penal Especial lo condenó a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.