PolíticaEl Congreso le tendió una alfombra roja a Dina Boluarte: Dos denuncias archivadas, dos escándalos sepultados

Nueve congresistas decidieron que la expresidenta no tiene nada que responder — ni por Matarani ni por los derechos de miles de trabajadores

Mientras el país sigue esperando justicia, el Congreso de la República demostró este martes lo que muchos ya sospechaban: que hay quienes llegan al Parlamento no a fiscalizar, sino a proteger.

En una sesión extraordinaria que pasará a la historia como uno de los blindajes más descarados de los últimos tiempos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cerró de un portazo dos procesos que apuntaban directamente a la expresidenta Dina Boluarte. Nueve votos a favor del archivo. Solo tres parlamentarios se atrevieron a disentir. El resto eligió el silencio cómplice.

El negocio del puerto que nadie quiere explicar

El primer caso que la subcomisión decidió enterrar involucraba uno de los decretos más polémicos del gobierno de Boluarte: el Decreto Supremo 015-2025-MTC, mediante el cual el Ejecutivo amplió en 30 años adicionales la concesión del Terminal Portuario de Matarani. Treinta años. Sin licitación pública, sin debate, sin que nadie rinda cuentas.

El congresista Edwin Martínez de Acción Popular fue quien puso el dedo en la llaga al presentar la denuncia constitucional, señalando a Boluarte junto a los exministros Raúl Pérez Reyes y César Sandoval por los presuntos delitos de colusión simple y agravada, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Para la subcomisión presidida por Lady Camones de Alianza Para el Progreso, sin embargo, no había nada que investigar. Nueve manos levantadas y al archivo.

Los trabajadores del Estado tampoco importan

El segundo expediente que cayó esa tarde tenía otro tipo de gravedad. El parlamentario Juan Burgos de Podemos Perú había denunciado a Boluarte y al expremier Gustavo Adrianzén por haber limitado el derecho constitucional a la negociación colectiva de los trabajadores públicos. Un derecho fundamental. Una garantía que el Estado tiene la obligación de respetar y que, según la denuncia, el propio Ejecutivo pisoteó.

La respuesta de la subcomisión fue idéntica: nueve a favor del archivo, tres en contra, cero abstenciones. Como si estuvieran coordinados.

La sesión de los archivos infinitos

Y como si los dos blindajes a Boluarte no fueran suficientes, esa misma tarde la subcomisión también archivó denuncias contra el fiscal supremo Juan Carlos Villena y un grupo de diez congresistas de diversas bancadas. Cinco informes de calificación despachados en una sola jornada. Un récord que, lejos de celebrarse, debería indignarnos.

Señoras y señores, esto no es justicia. Esto es un sistema que se protege a sí mismo mientras el ciudadano de a pie paga los platos rotos. Hoy el Congreso no fiscalizó al poder — hoy el Congreso fue el poder.