El exjefe de la ONPE enfrenta el peor momento de su crisis judicial: su defensor lo abandona a 24 horas de una audiencia que podría restringirle la libertad por 18 meses, mientras la Fiscalía ya apunta a su detención
La situación judicial del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, se agrava por horas. El funcionario que presidió el fallido proceso electoral del 12 de abril —marcado por caos logístico, lonjas sin material y miles de peruanos impedidos de ejercer su derecho al voto— no solo enfrenta investigaciones fiscales: ahora su propio abogado lo deja solo en la trinchera.
Ricardo Sánchez Carranza formalizó su renuncia ante la Corte Superior de Justicia, dejando a Corvetto con apenas 24 horas para designar un nuevo defensor o recibir uno de oficio. Si bien el estudio Arbizu & Gamarra habría manifestado su intención de asumir el caso, el cambio de representación en plena etapa crítica del proceso habla por sí solo sobre la presión que envuelve al exfuncionario.
Y la presión tiene nombre: el fiscal Raúl Martínez, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ha solicitado al Poder Judicial el impedimento de salida del país para Corvetto por un periodo de 18 meses. La audiencia que define este pedido se realiza hoy, y la fiscalía sustenta la medida en el riesgo de fuga ante la gravedad de las imputaciones.
Pero el Ministerio Público no se detiene ahí. También ha presentado recursos de apelación para solicitar la detención de Corvetto y de otros tres exfuncionarios de la ONPE: José Samamé, Juan Phang y Juan Alvarado. A esto se suma el pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones, medida que busca hallar pruebas directas de posibles coordinaciones ilícitas durante las elecciones generales.
Mientras tanto, la Junta Nacional de Justicia ya busca un reemplazo definitivo para la jefatura del organismo electoral que Corvetto dejó sin credibilidad. Lo que empezó como una crisis logística escala sin freno hacia el ámbito penal. El historial judicial en casos de corrupción de funcionarios en el Perú advierte que el siguiente paso podría ser una solicitud de prisión preventiva.
¿Hasta cuándo, señores, vamos a ver que quienes destruyen el proceso democrático caminan libres por las calles?